La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha detectado «deficiencias estructurales» en la gestión de los alojamientos temporales de urgencia (ATU). El órgano fiscalizador local ha asegurado que las condiciones denunciadas por los ciudadanos «vulneran los estándares mínimos de habitabilidad y de dignidad».
Además, señala que varias sentencias judiciales acreditan una vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de este servicio, que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMMS) externaliza a una empresa, como la realización de horas extraordinarias no reconocidas o incumplimientos en la normativa de riesgos laborales.
De este modo, el síndico se ha vuelto a posicionar sobre la cuestión a raíz de una queja recibida, después de que este mes de junio ya presentara un informe sobre este servicio, en el que pedía una reforma profunda e inaplazable.
Los promotores de la queja denuncian hacinamientos, falta de higiene y limpieza, la existencia de plagas, personas que acceden a ellas sin estar alojadas, deficiencias alimentarias, episodios de amenazas y violencia, y problemas derivados de la convivencia de personas con perfiles muy diferenciados, como personas con problemas de salud mental y niños o víctimas de violencia machista.
Toque al Ayuntamiento
La Sindicatura ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a supervisar con rigor el cumplimiento de las condiciones estipuladas contractualmente. En particular, le recomienda inspeccionar periódicamente los ATU, exigir al contratista un plan de medidas para evitar las infracciones y las vulneraciones de derechos laborales o habilitar un canal de denuncia seguro para los trabajadores.
Además, la Sindicatura sostiene que solo con una transformación profunda del modelo se podrá garantizar una respuesta eficaz y respetuosa con los derechos de los usuarios. En la línea ya manifestada en junio, ha planteado la creación de un fondo metropolitano de ATU y medidas de optimización de la contratación social responsable, entre otras propuestas.
