Junts y el gobierno español han acordado varias modificaciones al Proyecto de Ley de Atención al Cliente para garantizar que se respeten los derechos lingüísticos de los clientes.
Entre las enmiendas acordadas, que deben ratificarse en ponencia, los de Míriam Nogueras destacan la obligatoriedad de hacer cursos de catalán para los trabajadores de los servicios de atención al cliente o la sustitución de la obligación de responder como mínimo en castellano por la de hacerlo con la lengua oficial con la que se haya dirigido el usuario.
«Estas medidas suponen un cambio de paradigma, ya que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, sin que ello dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación», ha apuntado Junts en un comunicado.
Según destacan desde la formación independentista, cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que tenga más de cincuenta millones de euros de facturación anual deberán aplicar las medidas de atención en catalán. Esto afectará, entre otras, a las compañías eléctricas y suministros, las telefónicas, las aerolíneas, los servicios postales, los bancos, las aseguradoras o las plataformas de entretenimiento.
«El acuerdo alcanzado con el gobierno español permite asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evita la invasión de competencias propias de la Generalidad de Cataluña gracias a la introducción de una disposición adicional en este sentido», remarcan.
Competencias de inmigración
Por otra parte, Nogueras ha reprochado este martes a Podemos su ‘no’ a la proposición de ley orgánica del PSOE y Junts para la delegación de competencias de inmigración en Cataluña.
En declaraciones al Congreso, Nogueras ha recordado que todavía queda una semana por negociar, y Podemos debe elegir entre mantenerse «en el bloque del PP y de Vox» o «facilitar la delegación de competencias y dejar de decir racistas a millones de catalanes que llevan muchos años reclamando que se gestione el descontrol migratorio».
