El Govern y los principales sindicatos y patronales han firmado este martes una declaración conjunta en favor de la financiación singular. El texto, suscrito por UGT, CCOO, TMV y Fomento del Trabajo, expresan su «apoyo» a los acuerdos que impulsan «la reforma del sistema de financiación y la asunción de competencias del IRPF». Apuestan por un modelo «más claro, transparente, respetuoso con los principios de solidaridad y ordinalidad y que reconozca la singularidad de Cataluña».
Durante la reunión del Consejo del Diálogo Social, este martes en el Palau de la Generalitat, el presidente Salvador Illa ha agradecido este apoyo y ha apelado a ser «tenaces y persistentes» ante un camino que «no será ni fácil ni rápido».
En la declaración conjunta, el Govern y los actores sociales hacen «un llamamiento a todas las partes implicadas para que avancen en la concreción y aprobación de un nuevo modelo de financiación para Cataluña, tan pronto como sea posible, con el consenso político necesario para hacerlo realidad».
La declaración constata que el sistema de financiación autonómica «espera una reforma desde 2014» y que esta «demora» ha supuesto «desequilibrios». En este sentido, aseguran que «es necesario dotarse de un nuevo modelo de financiación que supere al actual, ya caducado».
Singularidad de Cataluña
En este punto, el texto hace énfasis en la singularidad de Cataluña, que ha ido asumiendo más competencias que el resto de comunidades autónomas. Por ello, sostienen que «esta singularidad debe ser reconocida en el diseño del nuevo sistema de financiación, mediante un tratamiento bilateral con el Estado, sin perjuicio de la participación en espacios multilaterales».
«Cataluña debe seguir avanzando en el desarrollo de la hacienda catalana, con el objetivo de gestionar de forma progresiva los impuestos, incrementar la capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección», señala el texto, que añade que también se garantiza la coordinación entre administraciones tributarias.
Los firmantes defienden que esta reforma «debe velar por garantizar la financiación correcta de los servicios públicos esenciales y reforzar ámbitos como la educación, la formación profesional, la sanidad y los servicios sociales», así como «dinamizar la economía» catalana.
