El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha ordenado formalmente a la Secretaría General de la Presidencia del gobierno español que entregue una copia de todos los correos electrónicos «recibidos y enviados» por Begoña Gómezdesde el 11 de julio de 2018, fecha en la que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, hasta la actualidad.
La documentación deberá ser analizada por la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil, que deberá elaborar un informe detallado sobre el contenido y la posible relación con la causa abierta contra la esposa del presidente Sánchez.
Investigación centrada en fondos públicos
El magistrado también ha solicitado información sobre todos los secretarios generales de Presidencia que han ejercido el cargo en estos siete años, así como sobre las personas que han autorizado y tramitado el pago del salario de Cristina Álvarez, la asesora contratada por Gómez en La Moncloa. Estas diligencias se enmarcan en la línea de investigación que apunta a un posible delito de malversación de fondos públicos.
La figura de Álvarez se ha convertido en clave en la instrucción: los investigadores quieren aclarar si su contratación respondió a necesidades reales de la estructura de Presidencia o bien si se produjo de manera irregular para favorecer directamente a Gómez.
Declaraciones avanzadas
Ante la complejidad del caso, el juez ha decidido adelantar la declaración de Gómez al 10 de septiembre a las 12:00 horas, un día antes de lo que estaba previsto inicialmente, para adaptarse a la agenda profesional de su abogado defensor, el exministro del Interior Antonio Camacho. El mismo día también está citada a declarar Álvarez, en calidad de investigada.
La orden sobre los correos electrónicos se añade a otras diligencias ya en marcha que apuntan a posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción e intrusismo profesional, en relación con la actividad de Gómez en proyectos académicos e institucionales. La instrucción, que ha abierto diferentes frentes, intenta determinar si la posición de la esposa del presidente fue utilizada para obtener ventajas en contratos e iniciativas públicas.