En la vida diaria, inevitablemente, procuramos prever situaciones, hacer planes, elaborar hipótesis para que al afrontarlas dispongamos de herramientas, recursos y conozcamos las limitaciones para decidir continuar o abandonar.
Así que cuando nos planteamos situaciones de futuro como realizar unas obras de reforma en casa, planificar un viaje o soportar los gastos básicos ordinarios, establecemos unas previsiones en función de los recursos de que disponemos, o dispondremos, y el coste de la actividad deseada o de las necesidades inevitables. Con anticipación, pre-suponemos, que tendremos unos determinados recursos, ingresos o ahorros, para atender determinados gastos futuros. En definitiva, hacemos presupuestos económicos. Y estos presupuestos nos permiten saber dónde estamos y qué podremos hacer y qué no.
Disculpad esta reflexión tan obvia, tan básica pero creo que puede ayudar a entender que en la gestión de lo público las bases y los principios son similares a los de la economía doméstica con la comprensible complejidad añadida.
Si estamos de acuerdo en que la política, que no la politiquería, es la acción de comandar y gestionar aquello que de forma consensuada consideramos que es de interés común, colectivamente también necesitamos disponer de presupuestos económicos públicos adaptados a las nuevas realidades y definir qué proyectos y políticas públicas queremos llevar a cabo y de qué recursos dispondremos para hacerlo posible.
La norma fundamental por la que se rige nuestra convivencia colectiva es la Constitución. Su artículo 134.2 dice: Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos y los ingresos del sector público estatal y se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
El apartado 4 del mismo artículo prevé que si los presupuestos del Estado no se aprueban antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, los presupuestos del ejercicio anterior quedarán prorrogados.
Básicamente los entes territoriales como los municipios, provincias y comunidades autónomas y los organismos públicos con gestión autónoma funcionan de forma similar.
Pues bien, los presupuestos generales del Estado, correspondientes al 2023, se han prorrogado en dos ocasiones. Por tanto, durante los años 2024 y 2025 se ha funcionado con las previsiones correspondientes al año 2023. Exactamente el mismo caso afecta a la Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de Barcelona ha estado funcionando con prórroga de los presupuestos correspondientes al año 2024. Presento el caso de estas tres administraciones por su importancia pero seguro que hay muchas otras funcionando con presupuestos prorrogados.
La crispación existente en la vida pública y en la relación entre partidos, la pérdida de la cultura del diálogo y el consenso, el principal objetivo de tumbar al adversario político perdón, al enemigo y la debilidad en el gobierno de estas instituciones indica que durante el año 2026 se continuará con presupuestos prorrogados.
Es aceptado que los presupuestos económicos son la norma principal, la más importante que se pueda aprobar ya que orienta y hace posible el gobierno de lo público. A grandes rasgos, puede decirse que sin presupuestos actualizados, los equipos de gobierno no pueden definir y ejecutar prioridades, modificar partidas económicas, adaptar los recursos a las nuevas realidades, intentar la transformación de situaciones para mejorarlas o modificar recursos en partidas que han quedado obsoletas. Sin presupuestos aprobados y actualizados no hay política de la buena.
Con presupuestos económicos prorrogados, los gobiernos se convierten en meros gestores del día a día, sin capacidad para proponer iniciativas de importancia real y transformadora. La ejecución de políticas públicas sustanciales queda bloqueada. Pero el conjunto de la sociedad no debe tenerlo en cuenta y se mantiene exigente en la calidad de la prestación de servicios públicos. Mientras la clase política, o parte de ella, se pelea.
Puestos a hacer hipótesis de futuro, presuposiciones, teorías conspirativas puedo pensar que convocadas elecciones generales a las Cortes, a la Generalitat de Catalunya o al ayuntamiento de Barcelona los gobiernos de estas instituciones, ahora en manos socialistas, pasen a manos de aquellos que ahora se niegan a pactar, a ceder, a consensuar los presupuestos económicos e iniciada la elaboración de los proyectos de nuevos presupuestos, después de las correspondientes negociaciones, los socialistas se avengan a aprobarlos lo que, en principio, sería deseable y demostración aparente de un cambio de clima. Así, los nuevos gobiernos podrían ejecutar sus prioridades, las políticas públicas por ellos definidas sin sufrir especial bloqueo con lo que quedaría demostrada la inutilidad de los anteriores gestores.
Perverso, desesperanzador, politiquería pero posible.
