El Gobierno español ha determinado que Cataluña dispone de una capacidad ordinaria para acoger a 2.650 menores migrantes no acompañados. Esta cifra marca un umbral de referencia que permite distribuir a los niños y adolescentes migrantes entre las comunidades autónomas y evitar la sobresaturación en los territorios que reciben más llegadas, como Canarias o Ceuta.
La capacidad medida por el ejecutivo fija una ratio de 32,6 plazas de estos niños y adolescentes por cada 100.000 habitantes. Las comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que motivará el protocolo de traslados.
El número de menores migrantes computados para Cataluña es el segundo más elevado de España, por detrás de Andalucía (2.827), y por delante de la Comunidad de Madrid (2.325). Cataluña ya se comprometió a recibir 31 que llegaron a las islas Canarias hace unos meses.
Solidaridad y compensaciones
La fijación de una capacidad de 2.650 plazas no significa que Cataluña deba recibir inmediatamente este volumen de menores, sino que se trata del máximo que se considera asumible de acuerdo con los recursos existentes. Las asignaciones efectivas serán inferiores, ya que el sistema tiene en cuenta el esfuerzo ya hecho por cada autonomía y ajusta la distribución de manera proporcional.
El mecanismo de reparto responde a una lógica de solidaridad territorial, con el objetivo de que todas las comunidades contribuyan a la acogida según su capacidad real. Además, se prevé que las autonomías que superen el límite establecido reciban compensaciones económicas para garantizar el mantenimiento de los servicios y la atención a los menores.
