Este mes de agosto se cumple un año de la llegada del gobierno del PSC y de Salvador Illa a la Generalitat de Cataluña. Ha sido un año que ha marcado un giro profundo respecto a la última década de gobiernos encabezados por partidos independentistas. De un periodo en el que se hacía bandera de una política de enfrentamiento con el Estado -y a menudo también entre los propios partidos independentistas- hemos pasado a un gobierno que apuesta por la colaboración con el Estado y con el resto de administraciones públicas.
De la confrontación estéril a la colaboración constructiva; del partidismo excluyente a la suma de todas las voces. De la división a la construcción compartida, y del bloqueo a la voluntad de a unir esfuerzos para un futuro común.
En noviembre de 2023 tuve el privilegio de acompañar a los cargos electos municipales del Partido Socialista de las Islas Baleares a su encuentro municipalista. Me invitaron para explicar cómo, siendo concejal socialista en una ciudad con un 76% de voto independentista, llegué a ser alcalde. Ante el avance del PP y Vox en los municipios de las Islas, establecieron un paralelismo con la voluntad de los independentistas catalanes de imponer una visión única de sociedad, y querían conocer mi opinión. Mi respuesta les sorprendió: diálogo, mano tendida, mirada hacia el futuro, propuestas en positivo y, sobre todo, evitar la descalificación del votante de las fuerzas extremistas… en definitiva, el camino que ya hace tiempo recorre Salvador Illa.
Lo digo con conocimiento de causa. Tuve la suerte de participar en el gobierno alternativo que formó Illa en el Parlamento en la legislatura anterior: una forma de autoorganización que, más allá de la crítica formal al gobierno, tenía como objetivo trabajar todos los temas con profundidad, dialogar con todos los sectores implicados y proponer soluciones reales. Una fórmula que está aplicando hoy desde el gobierno de la Generalitat. Mucho diálogo con los actores sociales, con la mayoría de partidos del arco parlamentario y con la sociedad en general. Y mucha colaboración: con el Estado para cambiar las dinámicas de diez años de enfrentamiento, pero también con los ayuntamientos y con el mundo municipal en general.
Es cierto que en el actual gabinete pocos consejeros han sido alcaldes -excepto la consejera Parlón y el Presidente-. o han tenido experiencia en gobiernos municipales Aun así, el talante municipalista de Salvador Illa se ha hecho notar.
Y no sólo por el incremento de los recursos económicos del fondo de cooperación, del nuevo PUOSC, de la tan reclamada Ley de Barrios, y la ley del Estatuto de los municipios rurales entre otros, sino también por el talante cercano y accesible de las consejeras y consejeros que pisan el territorio y, lo que es más importante, se implican en la resolución de los problemas. En mi municipio, el presidente y ocho consejeros han venido, sin excepción, a interesarse por los temas locales y a hacer seguimiento de ellos. En 26 años de concejal, nunca había visto un gobierno tan presente en el territorio.
Políticas pensadas para los ayuntamientos y ejecutadas con su colaboración, cuando no bajo su liderazgo.
El independentismo cometió un error de peso: imaginar que el Gobierno de la Generalitat era el único motor institucional del país. Cierto que en momentos concretos buscaban el apoyo municipal -más estético que práctico- con reuniones de alcaldes y alcaldesas en momentos «históricos» y con mociones aprobadas en muchos ayuntamientos que pretendían disimular una mayoría social que no tenían, exhibiendo una mayoría institucional. Pero nunca ninguna política fue realmente pensada ni, aún menos, ejecutada con su colaboración.
En un debate parlamentario, y perdonen la autocita, ya dije: «A los alcaldes nos hacen falta leyes, que nos den herramientas para hacer el trabajo y atender lo que los ciudadanos nos piden. Pero también debemos poder decidir cuáles utilizamos.» Y creo que el gobierno de Salvador Illa está actuando bajo este principio: facilitar recursos a los municipios y permitir que estos, conocedores de su realidad social, económica y urbanística, decidan dónde y cómo deben emplearse los medios.
En definitiva, Cataluña es un país de tradición municipalista. Se construyó desde el municipio -sólo hay que recordar las primeras elecciones municipales de 1979, un año antes de las autonómicas-, buena parte de las políticas se hacen desde el mundo local, por competencia propia, delegación o, a menudo, asumiendo funciones que serían de la Generalitat.
Este fue uno de los errores del independentismo y una de las fortalezas del gobierno de Salvador Illa, que ha repetido en muchas ocasiones que «la Generalitat se gana y se gobierna desde los ayuntamientos».
Cataluña avanza con paso firme cuando caminamos juntos, desde los barrios hasta el Gobierno de la Generalitat
