El gobierno español ha calificado la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, como un nuevo episodio de acoso político y mediático contra el ejecutivo.
La Audiencia de Madrid ha confirmado que la investigación se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación vinculados a su actividad universitaria y a la relación con empresas privadas.
La causa, dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, apunta a posibles irregularidades en la gestión de una cátedra y varios másteres, a la apropiación de un software desarrollado por la Universidad Complutense y al nombramiento de una asesora. Tanto Gómez como su colaboradora deberán comparecer en los juzgados de Madrid a principios de septiembre: el día 10 la asesora y al día siguiente la mujer del presidente.
Confían en que se archive la causa
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que esta imputación es «una muestra más del acoso que sufre el presidente y su familia por parte de aquellos que no son capaces de derrotarlo en las urnas».
En la misma línea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado sentirse «indignado» ante una causa que, según él, «se construye sobre sospechas y va mutando constantemente para mantener viva la persecución».
Esta imputación llega en un momento de fuerte tensión política, marcado por la proximidad de debates parlamentarios y por el ambiente polarizado que rodea la vida política española. Desde La Moncloa insisten en que se trata de una ofensiva sin base jurídica sólida y confían en que «la justicia acabará archivando la causa».