El Baix Camp se ha convertido en el escenario de un nuevo conflicto territorial. La multinacional surcoreana Lotte Energy Materials quiere construir en Mont-roig del Camp una macroplanta para producir electrofoil, un material clave para las baterías de los coches eléctricos. El proyecto ocuparía inicialmente unas 28 hectáreas dentro de un terreno total de 44 hectáreas en el polígono industrial Els Comellarets. Ha sido declarado de interés estratégico por el Govern de la Generalitat e incorporado al PERTE del vehículo eléctrico, lo que agiliza su tramitación administrativa y reduce plazos de evaluación.
La inversión inicial anunciada es de 400 millones de euros, con proyecciones que podrían llegar a los 1.200 millones si se desarrollan fases posteriores. Forma parte de la estrategia para situar a Cataluña en el mapa de la industria del vehículo eléctrico. El Govern defiende que la operación generará unos 200 puestos de trabajo directos en la primera fase, con la posibilidad de llegar a entre 600 y 1.400 en función de la expansión futura. También asegura que la planta se ubicará en suelo industrial calificado y que cumple con las exigencias de transición energética, ofreciendo una oportunidad para diversificar la economía de la comarca.
Impacto sobre el agua y el paisaje
Pero esta visión choca con la de campesinos, vecinos y entidades ecologistas, que han creado una plataforma para detener la implantación de la fábrica. El Gepec-EdC y Salvem lo Camp advierten de que la planta consumirá grandes volúmenes de agua en un contexto de sequía estructural y que se levantará sobre un acuífero que abastece explotaciones agrícolas. También alertan de los riesgos asociados al uso de productos químicos en el proceso de fabricación y del impacto sobre la biodiversidad.
Las entidades denuncian que el proyecto comportará la desaparición de cultivos tradicionales como el olivo y el avellano, y que modificará de manera irreversible el paisaje agrícola. Critican que la declaración de interés estratégico deja en segundo término la evaluación ambiental y reduce la capacidad de debate público. «Se nos vende como industria verde, pero es una operación especulativa que pone en riesgo el territorio», sostienen.
Movilización y vía judicial
La movilización ha tomado varias formas: cadenas humanas, cortes de carretera, tractoradas y plantaciones simbólicas de árboles. En una de las protestas más multitudinarias,3.000 personas se concentraron para rechazar el proyecto. Paralelamente, se han presentado alegaciones y dos recursos contenciosos administrativos ante el TSJC, que han sido admitidos a trámite. El Ayuntamiento de Mont-roig ha apoyado la macroplanta alegando que generará empleo y actividad económica, mientras que grupos municipales de la oposición reclaman más información y garantías ambientales.
El proyecto, que inicialmente se preveía poner en marcha en 2025, ha visto aplazada su entrada en funcionamiento hasta 2027. El conflicto pone de manifiesto una tensión recurrente en la política territorial catalana: cómo compatibilizar la captación de inversiones industriales con la preservación de los recursos naturales y de la actividad agrícola. Mientras el Govern reivindica su apuesta por una economía «más limpia» y menos dependiente de los combustibles fósiles, los opositores ven en la macroplanta de Lotte Energy Materials un ejemplo de transición ecológica hecha a cualquier precio.
