Toni Castejón, portavoz del sindicato mayoritario de los Mossos d’Esquadra, no ahorra críticas al recordar, un año después, la jornada en la que Carles Puigdemont regresó a Barcelona y escapó de la vigilancia policial. En su valoración, aquel dispositivo fue un «desperdicio» y una «situación lamentable» que puso en evidencia carencias de planificación y coordinación.
Explica que se dio por hecho que el expresidente acudiría al Parlamento, donde sería fácil de controlar, pero la realidad desmontó el guión previsto. Castejón compara la huida y el dispositivo desplegado por los Mossos con un «plan digno de Mortadelo y Filemón».
Castejón también carga contra la llamada operación jaula que se desplegó después, un cierre del territorio que considera «sin sentido» e ineficaz. A pesar de la dimensión del fiasco, no hubo depuración interna de responsabilidades, más allá de los cambios ya previstos en la cúpula policial.
El balance que hace el sindicato refuerza una percepción extendida dentro del cuerpo: exceso de confianza, protocolos insuficientes y falta de anticipación ante un dispositivo de alto voltaje político y mediático.
Entre los agentes, aquel episodio se ha convertido en un ejemplo de cómo la presión política puede condicionar las decisiones operativas. Un año después, la imagen pública del cuerpo aún arrastra la caricatura de aquel día, y el debate sobre cómo evitar que situaciones parecidas se repitan continúa abierto en los pasillos de la Prefectura.
