El gobierno español ha trasladado el primer grupo de menores migrantes desde Canarias hasta la península. Se trata de niños y adolescentes demandantes de asilo, que da cumplimiento a una orden del Tribunal Supremo (TS) dictada en marzo y que exigía que el Estado se hiciera cargo de los cerca de 1.000 menores que lo habían solicitado.
El plan, que cuenta con 40 millones de euros y 1.200 plazas, prevé dos derivaciones semanales, con posibilidad de incrementarlas próximamente si es posible.
Según la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, más del 90% de los menores provienen de Mali y el resto de Burkina Faso y Guinea Conakry. Entidades acreditadas y personal ministerial acompañan a los menores, que reciben acogida por parte de organizaciones en el centro de destino.
El gobierno español no ha concretado el destino final de los puntos de acogida por privacidad. Por ahora, se sabe que el destino prioritario serán puntos de acogida «pequeños» y de titularidad estatal.
Cabe recordar que desde el ministerio informaron que se trataba de menores con un perfil «altamente vulnerable», ya que muchos de ellos se encuentran solos y huyen de conflictos bélicos.
Amnistía Internacional pide «celeridad y firmeza»
En un comunicado, Amnistía Internacional ha lamentado que algunas comunidades autónomas «hayan entrado en una batalla» con el ejecutivo del Estado para ver quién se encarga de los menores. «Garantizar la acogida digna a niños migrantes en situación de desamparo es imperativo y una cuestión de derechos humanos», ha apuntado la entidad. En esta línea, ha reclamado que los traslados se lleven a cabo «con la mayor celeridad y firmeza».
Amnistía Internacional también ha resaltado que los menores están «en una situación inaceptable» y ha recordado que la entidad ya denunció «malos tratos y saturación» en los centros de acogida.
