Con una inversión anunciada de 180 millones de euros, Ametller Origen quiere levantar un complejo agroindustrial que integre producción de frutas y hortalizas, industria agroalimentaria, investigación e instalaciones de energías renovables. La superficie prevista —258 hectáreas— es el equivalente a más de 360 campos de fútbol.
Según la compañía, la iniciativa quiere «demostrar que es posible producir alimentos con neutralidad climática», combinando técnicas de cultivo de precisión, invernaderos hidropónicos con menos consumo de agua y placas fotovoltaicas para generar energía propia.
Un proceso urbanístico polémico
Para hacerlo posible, el Ayuntamiento de Gelida aprobó una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que reclasifica suelo no urbanizable —hasta ahora protegido— para dar cabida a la nueva actividad. La Generalitat validó este cambio, a pesar de los informes críticos presentados por entidades ecologistas.
La plataforma StopAgroparc y Unió de Pagesos denuncian que el proceso se ha hecho con prisas y con una participación ciudadana «meramente formal». Además, señalan que la memoria ambiental del proyecto minimiza riesgos e ignora el impacto acumulativo sobre los recursos hídricos y la biodiversidad.
Primera victoria judicial
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Barcelona ha dictado una medida cautelar que detiene parcialmente las obras hasta que Ametller Origen acredite el traslado seguro de dos águilas perdiceres que viven dentro del área de afectación. Esta especie, catalogada como vulnerable y protegida por directivas europeas, tiene en la zona uno de los últimos puntos de cría estable de la comarca.
El juez destaca que los movimientos de tierra previstos —724.482 m³, el equivalente a 290 piscinas olímpicas— podrían destruir hábitats irreemplazables. La resolución se considera una victoria para StopAgroparc, que ya ha anunciado nuevas acciones legales para frenar el proyecto.
A raíz de todo ello, la empresa ha detenido temporalmente los «trabajos previos a las obras», según ha anunciado la compañía en un comunicado. La empresa agroalimentaria afirma que ha suspendido esta actividad para «garantizar la seguridad de los trabajadores» a raíz de «las tensiones generadas» por «una decena de personas contrarias al proyecto y siguiendo las recomendaciones de los Mossos d’Esquadra». En cambio, la plataforma StopAgroparc ha celebrado «la paralización» de las obras «por parte de los Mossos». Según este grupo opositor al proyecto, la intervención de la policía se ha producido por «el incumplimiento» de la orden judicial que exigía detener parcialmente las obras por las dos especies en peligro de extinción.
Interrogantes híbridos
Por otro lado, un informe pericial presentado por Unió de Pagesos alerta de que el proyecto multiplicará por cuatro el consumo anual de agua previsto en el POUM de 2015: de 35.256 m³ a unos 150.000 m³. En términos prácticos, esto equivale a 284 litros diarios por habitante de Gelida, una cifra que la organización califica de «desmesurada e insostenible en un contexto de sequía recurrente».
StopAgroparc también denuncia que parte del abastecimiento dependería de acuíferos locales ya sobreexplotados y que el plan no garantiza lo suficiente el reciclaje de aguas residuales.
‘Greenwashing’
Greenpeace, que se ha posicionado contra el Agroparque, afirma que el proyecto es un ejemplo de «greenwashing»: se presenta como una revolución verde, pero en realidad reproduce el modelo agroindustrial intensivo que concentra producción, mecaniza procesos y desplaza pequeñas explotaciones.
Según la ONG, la reclasificación de suelo agrícola protegido rompe la conectividad ecológica de la zona y puede favorecer futuros crecimientos urbanísticos encubiertos.
Apoyos políticos
Ametller Origen cuenta con el apoyo explícito del gobierno de Gelida y de la Conselleria de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El proyecto ha sido presentado en foros empresariales como un «modelo exportable» de transición verde.
Sin embargo, en el ámbito comarcal, varios municipios del Penedès han aprobado mociones contrarias o de rechazo parcial, y el Consell Comarcal ha pedido más garantías ambientales antes de dar apoyo definitivo.
Para los opositores, el Agroparque es un precedente peligroso: si se consolida, podría abrir la puerta a otros macroproyectos en zonas agrícolas protegidas. Para la empresa, es una oportunidad para demostrar que se puede innovar sin renunciar a la sostenibilidad.
En las semanas siguientes, el juez deberá decidir si levanta o mantiene la suspensión parcial. Mientras tanto, a pie de territorio, la lucha continúa: pancartas en los balcones, asambleas abiertas y campañas en redes sociales mantienen vivo un conflicto que ya ha traspasado el ámbito local.
