El Gobierno español y Canarias acuerdan cómo iniciar el traslado a la península de los menores demandantes de asilo

El Supremo exigió en marzo que el Estado se hiciera cargo de 1.000 niños y adolescentes acogidos en las islas

Bluesky
Voluntaris de la Creu Roja en una imatge d'arxiu

El Ministerio de Migraciones y el gobierno de Canarias han acordado que la semana próxima se pondrá en marcha el traslado a la península de ocho menores solicitantes de asilo.

Según han apuntado fuentes del ejecutivo español, ya se han analizado los recursos y ubicaciones donde irán destinados para garantizar su «integridad y bienestar». A partir de entonces, se realizarán traslados de manera semanal con destino prioritario a puntos de acogida «pequeños» y de titular estatal.

Todo ello, para cumplir con una orden del Tribunal Supremo (TS) que, el pasado mes de marzo, exigió al Estado que se hiciera cargo de los cerca de 1.000 menores que habían solicitado asilo y que estaban a cargo de los servicios de protección social de Canarias.

Según indican desde el gobierno español, Engloba, una entidad colaboradora en Canarias, está llevando a cabo las valoraciones individualizadas de los menores que han manifestado su disposición de ir a la península. «Este trámite es clave para garantizar el procedimiento con plenas garantías. Una vez completados los expedientes, los gobiernos de España y Canarias se reúnen para seleccionar los primeros perfiles según sus necesidades y el destino final», detallan.

Desde el ministerio resaltan que los menores solicitantes de asilo tienen un perfil «altamente vulnerable», ya que muchos de ellos se encuentran solos y huyen de conflictos bélicos. De hecho, casi el 90% de las personas que inician este procedimiento son de Mali. Como paso previo a la salida de Canarias, se realiza un traslado de los menores hasta Las Palmas, procedimiento que ya han superado 141 menores tras superar una valoración individualizada realizada conjuntamente con el Ministerio Fiscal.

El Consejo de Ministros aprobó recientemente una partida de 40 millones de euros para dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo y crear 1.200 plazas de acogida en la península. Por ahora, ya ha puesto sobre la mesa 750 plazas que actualmente se están concretando con las entidades habitualmente colaboradoras para que estén disponibles de manera «inmediata».

 

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