Por parte de un sector de los Mossos d’Esquadra, para ser exactos el Área Central de Delitos Económicos y de Blanqueo de Capitales, perteneciente a la División de Investigación Criminal (DIC), existe un demostrado e indiscutible interés en ponerse en ridículo frente a la opinión pública. Incluso en ponerse en una posición incómoda desde el punto de vista del servicio al ciudadano si, como puede interpretar algún sector social, descarrían recursos y horas de trabajo que, por su elevado coste, deben ser de utilidad y de eficiencia. Su papel en el llamado Barçagate contra el expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y de miembros de su ejecutivo no responde precisamente a esa diligencia y profesionalidad que se les presupone, pues su desgana, apatía e indolencia en la investigación ha permitido que la magistrada prorrogue la instrucción hasta enero, seis meses más.
La razón es, básicamente, que el Área Central de Delitos Económicos y de Blanqueo de Capitales aún no ha sido capaz de entregar el informe concluyente y acusatorio contra los investigados que, inicialmente, justificó su entrada y registro en las oficinas del FC Barcelona, y en despachos y varios pisos, en 2021.
Desde entonces, sin que la jueza ni las partes hayan solicitado diligencias nuevas, los Mossos se han dedicado a dormir el caso. Los imputados no dudan del motivo: que no han encontrado una sola vinculación probatoria de delito alguno contra Bartomeu, a quien ese impulsivo equipo de los Mossos arrestó, encarceló y esposó para llevarlo ante la justicia con una prisa y unos modos propios de quien persigue a un criminal peligroso.
Años de silencio y de pocas ganas de terminar la instrucción han retrasado la declaración del propio Josep Maria Bartomeu, puesto que no tendría sentido hacerlo sin saber en realidad en base a qué se sostiene la presunta comisión de un delito de administración desleal y corrupción entre particulares.
Hace años también que se les han acabado las excusas, sospechándose que en el fondo están colaborando con los intereses y el relato laportista de criminalización de la presidencia de Bartomeu y del propio presidente. De hecho, el cuerpo policial ha sido reprimido por la propia jueza y denunciado por utilizar el material de los registros para inventarse falsa acusaciones y por husmear sin permiso ni autorización legal sobre otros personajes relacionados con la causa.
En definitiva, este equipo ha liderado las operaciones, registros y detenciones en el marco de la investigación sobre presunta administración desleal y corrupción entre particulares sin otro efecto que Josep María Bartomeu no haya podido explicarse y defenderse ante la justicia. ¿Para eso le pagan al Área Central de Delitos Económicos y de Blanqueo de Capitales?
