En una reciente tertulia de juristas, se trataron retos políticos en la era de Trump. Se constató que había una ciudadanía enfadada que vota a gente de su calaña. El porqué del enfado quedó sin respuesta.
Influyen muchos factores. Deslocalización de empresas, migraciones, retrocesos en el sistema educativo, avances feministas, cambios culturales de lenta o difícil asimilación, en la familia, la sexualidad, el género…
Se incrementa el número de trabajadores que se sienten “quemados”. Con el síndrome de burnout se pierde interés y motivación por el trabajo, origina agotamiento físico y emocional, disminuye la eficacia y la eficiencia y conlleva frustración laboral.
El coste de la vida, los precios de la vivienda, la alimentación, los servicios…, dificulta la subsistencia con base en el trabajo. Los salarios no permiten a muchos saciar las necesidades, eludir la pobreza y construir una vida digna. Que la tasa de empleo y el PIB esté muy bien no consuela.
La organización del trabajo y de los mercados laborales incrementan las desigualdades. Perturban la red de conexiones e interacciones que forjan la cohesión social. Entorpecen la sensación de identidad, de pertenencia y de propósito, sin que se pueda vislumbrar un futuro optimista.
Los trabajos peligrosos, aburridos, insalubres, impredecibles, inestables, mal remunerados y con exigencias exorbitantes, infunden desconfianza en el trabajador y hace que se sienta física y emocionalmente atrapado. Los que no consiguen un empleo, lo pierden o son de eventualidad permanente, se sienten excluidos.
La disrupción tecnológica y la automatización en marcha podría librarnos de los peores trabajos, repetitivos e indeseables. Pero genera inconvenientes de gran impacto en la sociedad, en las empresas y en el entorno laboral. Suprimen procesos de trabajo tradicionales, en los que el trabajador cualificado podía escoger el método y los medios a emplear. Del mecánico al cirujano, del ingeniero al repartidor, se les considera meros servidores del puesto de trabajo que se simplifica y se diseña prescindiendo de ellos. Se exacerban las desigualdades al vincular la remuneración a los supuestos requisitos mínimos del puesto de trabajo, no a la valía del trabajador, a su saber y experiencia, que se desprecia.
Las empresas se ven sometidas al estrés de competir sin pausa. Han de reinventarse continuamente en plazos muy cortos, cambiar su cultura organizativa e inversiones y asumir el conflicto entre innovación, capacidad de adaptación y brecha digital. No todos tienen el mismo acceso a la tecnología, ni las habilidades necesarias para aprovechar las utilidades que comporta. Se abre la división entre los que pueden integrarse en la nueva economía digital y quienes quedan rezagados. Son focos de desigualdad y tensiones.
La implementación acelerada de nuevas tecnologías genera problemas éticos y de privacidad. La inteligencia artificial y el internet de las cosas permiten la manipulación de datos y riesgos en ciberseguridad, en la vigilancia, el control de personas y su libertad y autonomía. La responsabilidad en las decisiones automatizadas está por concretarse.
La velocidad con que se innova invalida con rapidez los marcos jurídicos. Las normas voluntarias son ineficaces, cumplir tiene un coste que el incumplidor no asume. La desregulación disminuye la protección de derechos ciudadanos, consolida monopolios tecnológicos y la competencia desleal. La confianza de la sociedad en los avances tecnológicos merma.
Cambia el sistema de acumulación de capital en manos de personajes como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Larry Ellison, señores feudales del nacional-capitalismo. De la plusvalía pasan a enriquecerse con las rentas del alquiler en la nube, de espacio y sistemas, inmuebles y viviendas, franquicias e intermediación comercial. Así reverdecen los nacionalismos egoístas y excluyentes capitaneados por la extrema derecha. Primero encantan a tontos con soluciones sencillas a problemas complejos, después silencian a inteligentes (Trump y las universidades) y culpabilizan a inmigrantes indefensos.
La disrupción tecnológica requiere una gestión cuidadosa y proactiva, para minimizar el impacto negativo en la sociedad y asegurar una transición equitativa y sostenible. Solo la intervención de los sindicatos en su diseño y control y la del poder público en su regulación y limitaciones, puede evitar el deterioro y la subordinación de la humanidad a los intereses espurios de supermillonarios.