Más allá de la politiquería, existe una Cataluña que funciona, que brilla y que es ejemplar. Es cuando aplicamos la gran lección que nos legó el presidente Josep Tarradellas, con frecuencia demasiado olvidado: la unidad de acción de las fuerzas políticas catalanas es imprescindible para conseguir objetivos estratégicos compartidos. El presidente Salvador Illa, heredero político de Josep Tarradellas, la intenta aplicar con la mejor voluntad y capacidad de disuasión dialéctica que tiene, pero no siempre lo consigue.
Estos últimos días hemos tenido la oportunidad de constatar la cara y la cruz del tarradellismo. Por un lado, el Parlament de Cataluña, con el único voto en contra de los diputados de Vox, ha aprobado la ley del Estatuto de los municipios rurales. Este texto, largamente negociado con los representantes de las entidades municipalistas y los ayuntamientos concernidos, quiere evitar que haya dos Cataluñas: la que vive en concentraciones urbanas y la que está dispersa en pequeños núcleos de población, con sus ventajas (tranquilidad, naturaleza, aire limpio…) y sus desventajas (aislamiento, falta de servicios, comunicaciones deficientes…).
De los 947 municipios que hay en Cataluña, 608 se consideran municipios rurales. El nuevo Estatuto aprobado prevé, entre otras medidas, una línea específica de inversiones para que estos pueblos hagan frente a la regresión demográfica y al envejecimiento de la población; también la aplicación de incentivos fiscales para favorecer la compra y la rehabilitación de viviendas o la reducción de la carga burocrática de los pequeños ayuntamientos con la creación de un portal único en la sede electrónica de la administración.
Por nuestras dimensiones geográficas y los avances en las infraestructuras y las telecomunicaciones, Cataluña -mar y montaña- tiene que ambicionar y planificar su plena integración en una sola realidad social y económica, a partir de una red con unos nódulos muy definidos y potentes: Barcelona metropolitana, Tarragona metropolitana, Girona, Lleida y Tortosa. (El Pirineo tiene una capital, Andorra, pero la miopía de los poderes fácticos andorranos, con su negativa a integrarse plenamente en la Unión Europea, impide que pueda ejercer esta función).
En este sentido, la plena integración tarifaria de todos los medios de transporte públicos de alcance territorial catalán será un paso simbólico e imprescindible para crear esta conciencia -ahora, sí; así, sí- de «un solo pueblo«. Es un proyecto a medias que, a buen seguro, podremos concretar con el traspaso completo de la red de Cercanías a la Generalitat y la entrada en servicio de la enorme estación intermodal de la Sagrera, que será el nuevo centro de gravedad de Barcelona y, por extensión, de Cataluña.
La cruz de esta nueva Cataluña imparable que estamos construyendo ha sido el fracaso del decreto para el despliegue de las energías renovables y las baterías presentado por el Gobierno de Salvador Illa, al retirar ERC a última hora su apoyo parlamentario. El partido de Oriol Junqueras es a menudo un pozo de sorpresas, pero en una cuestión estratégica crucial de país como es la transición energética –¡donde estamos en la cola de Europa!– hay que exigir a ERC coherencia, responsabilidad y sentido de Estado.
La energía es un factor clave para el desarrollo y el crecimiento de Cataluña. En los últimos 50 años, hemos estado «drogados» por la decidida apuesta nuclear que, en su momento, hizo Jordi Pujol, primero desde Banca Catalana y después desde la Generalitat. Este ha sido un error estratégico muy grave que estuvimos a punto de pagar con la desaparición, por contaminación radiactiva, de Cataluña, a raíz del incendio de la central nuclear de Vandellòs I, en 1989. Además, los reiterados incidentes que sufren las tres plantas que continúan en funcionamiento -Ascó I, Ascó II y Vandellòs II- aconsejan que se ejecute su cierre, según los plazos previstos por el Gobierno central.
Un segundo error muy grave ha sido la pasividad irresponsable de la Generalitat ante Endesa, que es la titular de la mayoría de las centrales hidroeléctricas del Pirineo. Según la ley de Aguas, las concesiones de muchas de estas centrales ya hace años que están vencidas y tendrían que ser de dominio público. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), con sede en Zaragoza, siempre ha eludido afrontar esta cuestión, pero seguro que una acción decidida de la Generalitat habría provocado que la ley se cumpliera y que estas centrales -que tienen una potencia equivalente a la de un reactor nuclear- fueran hoy el gran activo de L’Energètica, nuestra empresa pública eléctrica.
La realidad es que, por culpa de la «drogodependencia» de las nucleares -que acumulan una montaña de residuos radiactivos que no saben qué hacer- y la supeditación a los intereses hidroeléctricos de Endesa -que obtiene energía a coste cero de los ríos pirenaicos-, el despliegue de las energías renovables sufre un retraso vergonzoso e inaceptable en Cataluña. Comunidades «atrasadas» como Aragón, Castilla y León o Andalucía nos dan una lección de responsabilidad en la transición energética que pone en evidencia y desacredita, por inútil, a la clase política catalana.
El panorama es patético y deprimente. En la Unión Europea, el 45% de la energía producida ya es de origen renovable y en España sube al 57%. En cambio, en Cataluña tenemos que el 59% de la energía nos viene de las centrales nucleares y solo un 20% es renovable, a pesar de que tenemos unas condiciones óptimas para el aprovechamiento eléctrico del Sol y del viento. Y, en este contexto de máxima alarma, los «señoritos» de ERC no tienen mejor idea que bloquear en el Parlamento, por motivos fútiles, la aprobación del decreto que preveía la aceleración de la transición energética, con la agilización de las autorizaciones de los proyectos de parques solares y eólicos, y que regulaba la implantación de las imprescindibles baterías para dar estabilidad y resiliencia al suministro eléctrico. Desesperante.
