La Xunta de Galicia abonó más de 170.000 euros al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, entre los años 2012 y 2014, durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno gallego. Lo habría hecho a partir de varios contratos adjudicados sin concurso a través de la fórmula del contrato menor, lo que ha permitido evitar concurrencia pública y dividir encargos.
Los servicios facturados incluyen asesoramiento económico y fiscal, informes de análisis tributario y apoyo técnico en materia presupuestaria. Aunque legalmente los contratos menores pueden adjudicarse de manera directa, la reiteración de encargos a un mismo proveedor y su distribución en varios ejercicios abren interrogantes sobre un posible fraccionamiento ilícito, práctica a menudo utilizada para evitar controles y límites de gasto.
Estas adjudicaciones se produjeron cuando Feijóo acumulaba poder en Galicia y Montoro dirigía la política fiscal española desde el Ministerio de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy.
«No hubo comisiones»
Ante la investigación judicial conocida como caso Montoro, Equipo Económico ha negado rotundamente haber pagado comisiones a cargos públicos y ha denunciado «graves irregularidades» en el procedimiento judicial que le afecta. El bufete sostiene que la causa sufre de filtraciones interesadas, falta de garantías y vulneración del derecho de defensa, y ha solicitado formalmente la anulación de varias diligencias de investigación.
Además, el despacho asegura que los servicios prestados a la administración gallega y a otras entidades públicas han sido debidamente justificados, y recuerda que Montoro se desvinculó formalmente de la consultora antes de reincorporarse al cargo de ministro en el año 2011, si bien fuentes judiciales no descartan vínculos económicos posteriores a través de accionistas o colaboradores habituales.
Hacienda revisa el legado fiscal de Montoro
En paralelo, el Ministerio de Hacienda, ahora en manos del gobierno de Pedro Sánchez, ha abierto una auditoría para analizar el impacto real de las medidas fiscales impulsadas por Montoro entre 2012 y 2018. Bajo lupa está la controvertida amnistía fiscal de 2012, que permitió regularizar capitales no declarados con un tipo muy reducido, así como la política de bajada de tipos a sociedades, deducciones agresivas y la aplicación del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, entre otras.
Fuentes de Hacienda apuntan que estas decisiones podrían haber provocado un «daltabajo» recaudatorio en impuestos clave y favorecen a determinados sectores económicos en detrimento de la equidad fiscal. El objetivo de la revisión es determinar si es necesario revertir o compensar algunos de los cambios heredados, así como evaluar si hay responsabilidades políticas o administrativas asociadas.
El PSOE, acusación particular
El juzgado de instrucción 2 de Tarragona ha autorizado que el PSOE sea acusación popular en la causa del caso Montoro. El magistrado ha dictado hasta cinco resoluciones de diferentes peticiones de personaciones en el procedimiento -la del PSOE y cuatro personas más-.
Entre ellas está la de Juan Carlos Monedero, exdirigente de Podemos, a quien no ha autorizado entrar en la causa. El juez ha considerado que la investigación del caso no le afecta y que en los correos electrónicos que se enviaron Montoro y su jefe de gabinete con información fiscal de Monedero tan solo hay información de las investigaciones que hacía la Agencia Tributaria, y que eso no es delito.