La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recordado al Ayuntamiento que era su responsabilidad «controlar» el contenido del gag sobre el catalán y que, por tanto, debe velar para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. La institución ha recibido 322 quejas de ciudadanos por el sketch, y ha reiterado que el consistorio debe supervisar que las actividades bajo su paraguas no suponen un agravio o un daño a terceros.
El análisis de la Sindicatura se ha centrado en el contenido de las afirmaciones y en el hecho de que estuviera amparado en un acto institucional. En cuanto al contenido del gag, considera que las afirmaciones no se pueden considerar delitos de odio, pero afirma que la actuación de la segunda tenencia de alcaldía «no ha estado ajustada a derecho» y la actuación municipal «no se ha producido con la diligencia debida». Sin embargo, ha valorado positivamente el «rápido reconocimiento del error y la asunción de responsabilidades».
La Sindicatura también señala que hay una «clara contradicción e incongruencia» entre el contenido del Informe sobre las Discriminaciones y los sketches escenificados en el acto institucional de presentación del mismo, y cree que el Ayuntamiento de Barcelona debería haber valorado la necesidad y la idoneidad de todos sus elementos. Además, manifiesta que hay que buscar mecanismos, alternativos a la vía penal, con el fin de conocer y cambiar las percepciones que pueden tener determinadas personas y colectivos sobre la necesidad de entender y hablar catalán.
