Durante años confiamos ciegamente en la DGAIA. Nos repetían que velaba por los niños más vulnerables, que actuaba con responsabilidad y compromiso social. Pero todo lo que se está destapando nos obliga a mirar esta institución con una crudeza nueva, dolorosa y necesaria. Quizás estamos ante uno de los mayores casos de corrupción institucional que ha afectado a menores en la historia reciente de Cataluña. Pero la gravedad de lo que ocurre no es solo un problema puntual: es un problema de estructura, de sistema. Es pedofilia.
Una niña de 12 años, tutelada por el Estado, víctima de una red de prostitución infantil durante meses. El caso, reconocido por la consellera Mònica Martínez Bravo, no es solo un error puntual: es la prueba de una cadena de inacciones, omisiones y, posiblemente, delitos graves encubiertos por el aparato institucional. Las alertas existían, pero nadie actuó. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde llega esta corrupción? ¿Quién la protege? Estas preguntas no se pueden eludir. Podemos estar ante uno de los casos más graves de corrupción institucional que ha afectado directamente a la infancia.
La pregunta que hay que hacer es: ¿cuánta gente lo sabía? ¿Cuántos técnicos, responsables, políticos o altos cargos tuvieron acceso a la información y no hicieron nada? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por interés? ¿Por qué formaban parte de una red de pedófilos? ¿Porque sabían que, si tiraban del hilo, todo se caería?
No hablamos solo de negligencia. Hablamos de posibles delitos. La Oficina Antifraude investiga subvenciones mal gestionadas, servicios inflados, ayudas desviadas. La Sindicatura de Cuentas lleva años denunciando la opacidad en la gestión de recursos públicos destinados a los niños. Es legítimo preguntarse si el sistema de protección se ha convertido en una estructura de lucro: niños como unidades económicas. Plazas que llenar, cuerpos que mover, facturas que justificar.
Pero lo más grave va más allá del dinero: ¿ha habido abusos por parte de personas vinculadas al sistema? ¿Por personal de los centros? ¿Por figuras de autoridad con total impunidad?
Es terrible escribirlo, pero aún peor sería no decirlo. Si nadie hace estas preguntas, si no se investiga a fondo, perpetuamos la cultura del silencio. Y el silencio es el mejor aliado de los abusadores.
La sensación de impunidad aumenta cuando sabemos que algunos partidos optaron por callar. Tuvieron información, alertas de entidades y profesionales… y no actuaron. Algunos incluso defendieron la DGAIA hasta el final. El silencio no es neutralidad: es complicidad. Callar sabiendo es permitir.
Mientras tanto, el sistema educativo también falla. El bullying, que afecta a miles de niños, a menudo se gestiona igual que estos casos: con negación, protocolos de fachada y olvido. Cuando un niño denuncia violencia o acoso, la respuesta institucional suele ser lenta, burocrática y distante. Igual que en la DGAIA, el niño queda solo, silenciando su voz y culpabilizándolo. Tanto dentro de los centros como en las escuelas, el patrón se repite: vulnerabilidad, ignorancia y desprotección.
Nos decían que “queremos acoger”, como bandera de humanidad. Pero hoy toca preguntarse: ¿se quería acoger o captar? ¿Se buscaban soluciones o recursos? Cuando la acogida sirve para alimentar una estructura corrupta, se convierte en una trampa. El discurso era bonito, pero la realidad, un drama disfrazado de solidaridad.
Ahora el Gobierno anuncia la desaparición de la DGAIA y la creación de una nueva Dirección General. Cambio de nombre, nuevos equipos, más tecnología. Pero esto es claramente insuficiente. Sin una voluntad real y radical de transparencia, de depuración de responsabilidades y de cambios profundos, todo esto será solo maquillaje. Las mismas estructuras corruptas continuarán existiendo, los mismos silencios persistirán. No podemos aceptar más retoques que ocultan la verdad ni gestos simbólicos que no se acompañan de valentía para llegar al fondo del problema.
Y no podemos pensar que esto es solo un problema de Cataluña. La protección de los niños está descentralizada, pero los sistemas son similares en todo el Estado. La DGAIA catalana tiene sus equivalentes en otras comunidades autónomas: Dirección Xeral de Familia en Galicia, la Dirección General de Infancia y Familia en la Comunidad Valenciana, la Dirección General de Infancia en Madrid… Es legítimo cuestionarnos si casos similares, aún no descubiertos, podrían estar ocurriendo en estos territorios con nombres diferentes, pero con el mismo sistema de funcionamiento opaco.
Hay que limpiarlo todo. Hay que saber quién, qué, cuándo y cómo. Si hay más víctimas y cuántos han sido tocados o abusados. Hace falta una investigación exhaustiva e independiente que ponga nombre y apellidos a cada corrupto, a cada pedófilo y a cada cómplice, y que no queden impunes.
