El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva ley de información clasificada, que reemplazará la legislación de secretos oficiales, del año 1968, que formaciones como el PNB habían pedido cambiar de manera reiterada.
La iniciativa, que se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, establece por primera vez la desclasificación automática de la información clasificada una vez transcurridos plazos que llegan a los 45 años, prorrogables «de manera motivada» 15 más. Según fuentes de la Moncloa citadas por la ACN, con este paso España se alinea con las legislaciones «más avanzadas» y avanza países como Francia, Dinamarca y Suecia.
De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado que se deja atrás una «rémora» y una ley «preconstitucional». «Nos ponemos en estándares europeos, avanzamos como una democracia madura que somos para que los ciudadanos tengan derecho a saber, para que las administraciones tengan la obligación de aportar documentación que sea importante para la historia», ha manifestado.
La nueva norma también estipula que la información relativa a «graves violaciones de los derechos humanos» o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación. En concreto, se regulan cuatro categorías de información clasificada: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. A cada una de estas opciones se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación, teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o de uso indebido.
La ley también prevé un régimen sancionador administrativo para quien revele información clasificada con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves hasta los 2,5 millones de euros en los más graves. «Con esta vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que sólo preveía la vía penal con penas de prisión elevadas», defienden desde el ejecutivo y recoge la misma información. Asimismo, se fija el derecho a la libertad de información como criterio para graduar las sanciones.
Finalmente, la norma también prevé crear la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que gestionará las decisiones en este ámbito.
