No hay prescripción. Esto ha decidido la sección 2ª de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional española en el caso de los “diamantes de sangre”, que tiene como protagonista a la empresa andorrana Orfund. Por consiguiente, la investigación judicial continúa abierta y se ejecutarán las comisiones rogatorias internacionales, las diligencias y los interrogatorios que todavía hay pendientes.
A instancias de la Fiscalía, la Audiencia Nacional había ordenado, a finales del año pasado, la paralización de las investigaciones en marcha y el cierre del sumario, al considerar que los hechos denunciados –que pasaron entre los años 1997 y 2002– ya habían prescrito. La empresa Orfund está acusada de beneficiarse del negocio de los “diamantes de sangre”, que provocaron un genocidio en Sierra Leona, hecho que ha sido tipificado como un crimen contra la humanidad y que, por lo tanto, no está sujeto a prescripción.
Hay que señalar que el Estatuto de Roma, que define el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, entró en vigor el 1 de julio del 2002. Según la Fiscalía española, los hechos denunciados en la querella criminal presentada por Aiah Ngekia, uno de los esclavos que fueron forzados a trabajar a las minas de diamantes de Sierra Leona, serían anteriores a la fecha de aprobación del Estatuto de Roma y, por lo tanto, en este caso habría que aplicar la prescripción.
Pero la sección 2ª de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional no considera acreditada esta prescripción que alega la Fiscalía y ha ordenado que continúen las diligencias sobre las actividades de Orfund. Hasta ahora, solo está imputado Manuel Terrén, el intermediario español que, en nombre de la empresa andorrana, compraba los “diamantes de sangre” al grupo guerrillero que provocó la muerte de más de 70.000 personas.
Al reabrirse la investigación, ahora se activarán las comisiones rogatorias internacionales dirigidas a Brasil, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Mali y el tribunal especial de La Haya, que en 2012 condenó a 50 años de prisión al ex-dictador Charles Taylor. También se retomarán los interrogatorios que quedan pendientes, empezando por un ex -consejero de la embajada de España en Sierra Leona.
El juez instructor de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, también tendrá que decidir si acepta la ampliación de la denuncia presentada por Aiah Ngekia, en la cual figuran como nuevos querellados Maria do Socorro Toscano, la mujer de Manuel Terrén, y el empresario Marc Pantebre, ex-presidente de la Cámara de Comercio de Andorra, por el delito de blanqueo de capitales. En calidad de testigos, también se ha solicitado que declaren los andorranos Jordi Cinca, ex-ministro de Finanzas (foto), Càndid Naudi (ex-ministro de Turismo), Miquel Canturri (consejero de Andorra la Vella), Ricard Reguant, Olga Baró, Joaquim Tomàs, Amor Fuentes, Mònica González y el abogado Jean Pujol.
En el marco de esta instrucción sumarial, el magistrado Francisco de Jorge ha abierto, después de recibir el informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la policía, una pieza separada por presunto tráfico de armas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.