La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo contra la denegación de la amnistía por el delito de malversación parte del Tribunal Supremo. Además, Puigdemont pide que se anule de forma cautelarísima la orden estatal de detención y entrega, o en su de no lo concede, de forma cautelar.
El escrito recuerda que el TC ha declarado la ley constitucional, y que los tribunales no pueden dejar de aplicarla. Además, considera que el Supremo se ha convertido en «parte interesada en el resultado del procedimiento, lo que compromete la apariencia de imparcialidad».
En el recurso, la defensa de Puigdemont alega que se ha vulnerado su derecho al juez predeterminado por ley, ya que considera que su caso no debería estar en el Supremo sino en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que es aforado en el Parlament.
También considera que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por haberse hecho una interpretación de la amnistía «extensiva, irrazonable y contraria al texto legal y a su finalidad».
Así, cree que la ley de amnistía es bastante explícita, ya que sólo deja fuera de la amnistía por malversación a los que tuvieran por objetivo un «beneficio patrimonial». El Supremo, según el escrito, «desborda este límite legal y vacía de contenido la ley, convierte la excepción en regla».
