Desde el aparato mediático laportista se empieza a filtrar que en las estructuras municipales el Barça no está encontrando el acomodo que espera a sus necesidades precisas y concretas de poder reabrir parcialmente y se forma sectorizada el Spotify a tiempo de disputar el Trofeo Joan Gamper. Un objetivo que, como es sabido, no responde a ninguna razón deportiva, social o comercial, sino a la urgencia de que el auditor, Crowe, tenga constancia de que los 475 asientos VIP vendidos por 100 millones forman parte del patrimonio del club mediante obra certificada por Limak. Además, son operativos a efectos de ocupación para lo que han sido proyectados, instalados y vendidos. Es decir, para disfrutar de un partido de fútbol de primer nivel y con todas las comodidades.
Desde el martes por la tarde el pesimismo se ha apoderado de la directiva y de los responsables del Espai Barça a pesar de haber lanzado la campaña «Tornem a casa. Vibrem» semanas atrás. Desde luego, con un exceso de confianza y de soberbia, pensando que, de este modo, dando por hecho que el Gamper ya tenía fecha, la del 10 de agosto, el Ayuntamiento de Barcelona no se opondría a hacer la vista gorda y permitir la celebración de un partido en el que Laporta se juega nada menos que 100 millones de ingreso del ejercicio cerrado, siempre y cuando, además, ofrezca a LaLiga plenas garantías de cobro de los 42 millones pendientes.
El caso es que desde el Ayuntamiento de Barcelona las voces autorizadas de la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, y la del propio alcalde, Jaume Collboni, enfriaron el entusiasmo advirtiendo que los permisos solo se podían tramitar una vez finalizada por completo la primera fase que comprende el subsuelo y la primera y segunda gradas.
Desde la directiva de Laporta, que primero pretendía jugar con 65.000 espectadores, hace días que se explica a los medios que seguramente debería aceptar una reducción a la mitad o incluso menos, abriendo el estadio por sectores.
Pero, como en el caso de la campaña anunciando el propio Laporta el regreso al estadio, son dos cosas muy distintas las ocurrencias del presidente, aún más las de su extravagante núcleo duro, en contraste con la profesionalidad, el rigor y el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, propietarios e instituciones con la que debe actuar el Ayuntamiento.
Y eso a pesar de que la voluntad expresa del consistorio ha sido la de colaborar y remar en todo el proceso a favor de las obras, pues el propio distrito de Les Corts ha mediado y ha pedido a las asociaciones vecinales la máxima comprensión en la ampliación de los horarios y festivos para poder recuperar los retrasos exclusivamente derivados de la gestión de la constructora. Los técnicos del ayuntamiento autorizaron incluso la demolición de la tercera grada mientras se presentaban los cambios en el diseño y construcción de la reforma. Estas modificaciones se tramitaron en un tiempo récord, de apenas unas semanas, a diferencia del original, en tiempos de Sandro Rosell y de Josep Maria Bartomeu, que se demoró durante años por razones tan inexplicables como la complicidad exhibida ahora por la misma organización municipal para darle a Laporta todos los caprichos.
Según algunas fuentes de toda solvencia, la situación es que la directiva de Laporta aún no ha entregado al Ayuntamiento de Barcelona la documentación que acredite el final de obra que pondría en marcha la tramitación de la primera ocupación previa revisión de las instalaciones y comprobación del cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad en los accesos de entrada y salida, planes de evacuación, etcétera.
En ningún momento, por tanto, Laporta puede achacar al ayuntamiento y a sus técnicos, como a Bomberos en materia de seguridad en los accesos, ser la causa objetiva de que el Gamper no pueda jugarse allí, un partido que después de todo lleva años fuera del abono y de la agenda de los socios, orientado al éxito que, en cambio, causa entre el turismo de agosto en toda Cataluña.
Lo que sí va a necesitar Laporta, si el Gamper de este año no ve la luz, es una buena excusa ante los socios, pero sobre todo ante el auditor para convencerle de que no es por su culpa que los asientos VIP no puedan transformarse en 100 millones de ingresos sin los cuales no podría inscribir a una parte de la plantilla (la que afecta a las renovaciones) y menos a los nuevos fichajes antes de que empiece la temporada.