Las vergonzosas conversaciones, difundidas por la UCO, entre José Luis Ábalos y Koldo García, donde negociaban y se repartían prostitutas, han provocado un terremoto en el PSOE y, en especial, han encendido la indignación del poderoso sector feminista del partido. Para apagar este incendio, la vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que, en el mes de septiembre próximo, con la reanudación de las actividades parlamentarias, el Gobierno presentará una iniciativa legislativa para la abolición de la prostitución en España. Pero esta es una cuestión que provoca divisiones y suspicacias, tanto entre las propias feministas como entre los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.
El PSOE, que defiende la abolición de la prostitución, ya ha intentado en cinco ocasiones que este punto de su programa electoral se convierta en ley. Pero la última vez que lo intentó se encontró con la oposición, además del PP, de Sumar, ERC, Junts, PNV y EH Bildu. El PSOE quiere que los clientes, los proxenetas y los propietarios de locales donde se ejerce la prostitución sean multados y perseguidos penalmente. Pero sus aliados parlamentarios consideran que, de entrada, son necesarias medidas para la protección e integración social de las prostitutas.
