El Parlamento ha aprobado la ley del Estatuto de municipios rurales, una norma pionera que dotará de herramientas y recursos a los municipios rurales y que servirá para frenar el despoblamiento, garantizar una adecuada prestación de los servicios e impulsar su desarrollo económico.
El Estatuto de municipios rurales es el primer proyecto de ley que el Gobierno envió al Parlamento en el inicio de la legislatura, y da también cumplimiento a los acuerdos de investidura.
Este Estatuto ha contado con un amplio consenso de los grupos parlamentarios, las entidades municipalistas y los ayuntamientos rurales que hacía años que reivindicaban la creación de un nuevo marco legal que tuviera en cuenta sus singularidades y que velara para que sus habitantes tuvieran los derechos que el resto de la población. Todos los grupos, excepto Vox, han votado a favor.
El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha asegurado durante el debate que «Cataluña no será ni rica ni plena si no la pensamos toda entera y sobre todo, si no contribuimos todos juntos a que las cosas pasen ante los retos que tiene nuestro país en materia de infraestructuras, de conectividad, de cohesión de nuestros servicios públicos».
Esta normativa fue impulsada por el Gobierno de Pere Araqgonès, tal y como ha recordado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ha asistido a la sesión plenaria en apoyo a la iniciativa.
Depliegue normativo
A partir de ahora se abre un periodo para que el que Gobierno analice el texto aprobado en el Parlamento e inicie su desarrollo. Del total de 947 municipios que hay en Cataluña, se podrán beneficiar 608.
De ellos, 213 son rurales, 381 reciben la consideración de municipio rural de especial atención porque tienen una población inferior a los 500 habitantes, dos son municipios rurales asimilados y los 12 restantes se han incorporado durante la tramitación parlamentaria.
La clasificación de municipio rural y de municipio rural de especial atención se ha acordado que se revisará cada cuatro años, dentro de los seis meses siguientes a la constitución de los nuevos ayuntamientos resultantes de las elecciones municipales.
Cuando se haga esta revisión, el indicador poblacional podrá tener una variación de como máximo el 5% para adquirir una de estas dos consideraciones.
Frenar el despoblamiento
La situación de desequilibrio territorial que vive Cataluña, donde el 75% de la población se concentra en las zonas urbanas, mientras el 25% restante vive en núcleos rurales, tiene como consecuencia un reparto demográfico descompensado y una prestación de los servicios públicos desigual.
Por ello, el Estatuto crea un nuevo marco normativo que define qué es un municipio rural, establece una serie de medidas para dotarlos de más recursos y herramientas, e incorpora un mecanismo rural de garantía que obligará a analizar el impacto territorial, económico y medioambiental de todas las políticas públicas.
Entre la batería de medidas como la creación de un sistema de financiación propio, que establece un fondo específico de municipios rurales de carácter incondicionado que irá ligado a la ley de presupuestos, y por otro, una línea específica de inversiones para los municipios rurales para que hagan frente a la regresión demográfica y al envejecimiento de la población.
También, promueve la aplicación de incentivos fiscales para favorecer la compra y la rehabilitación de viviendas, y la reducción de la carga burocrática de los ayuntamientos que será posible gracias a la creación de un portal único en la sede electrónica de la Administración que integrará todos los trámites, servicios e informaciones que afectan a este tipo de ayuntamientos.
Medidas
Hasta hoy, el Gobierno de la Generalitat ya ha impulsado algunas iniciativas que cuentan con medidas específicas que impactan directamente en los municipios rurales, como por ejemplo, una dotación complementaria de 110.000 euros de euros por cada municipio de menos 2.000 habitantes dentro del Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC).
El próximo 15 de noviembre de 2025, el Gobierno catalán organizará en el Mundo de San Benito una jornada destinada a los ayuntamientos y mundo rural donde seguirá trabajando en el desarrollo progresivo de esta nueva ley.