El Tribunal de Cortes de Andorra ha condenado a penas de entre 3 años y medio y 7 años de prisión a un total de 18 exgestores de la Banca Privada d’Andorra (BPA) por blanqueo de dinero, condenas que suman, en total, 84 años de privación de libertad. La sentencia, que no es firme, ha sido notificada este martes a las partes e incluye una multa de casi 66 millones a pagar entre todos ellos. Por otro lado, seis acusados más han sido absueltos.
Al exconsejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, se le ha impuesto una pena de 7 años de prisión y el pago de una multa de 30 millones de euros, además de quedar inhabilitado durante diez años para ejercer en cualquier establecimiento bancario o financiero. Al exdirector adjunto Santiago de Rosselló, el tribunal le condena a 6 años de prisión y a una multa de 12 millones.
En cuanto a la exjefa antiblanqueo de la BPA, Isabel Sarmiento, la condena es de 5 años de prisión, una multa de 5 millones de euros y una inhabilitación de 5 años, las mismas penas que los exgestores Amaya de Santiago y Sergi Fernández. En el caso de Josep Lluís Rivero, Juan Cejudo, Josep Antoni Rivero, Josep Elfa y Luis Pablo Laplana, el tribunal les ha condenado a una pena de 5 años de prisión condicional, con un plazo de suspensión de la condena de cuatro años, y multas que van de los 500.000 euros a los 2,1 millones. A Laplana también se le ha expulsado del país durante 10 años.
Para el exgestor Francesc Xavier Domingo se ha dictado un año firme de prisión y cuatro condicionales, mientras que a Antoni Calvente, Ignacio Cardiel, Francisco Javier Filoso, José González y Esteve Garcia se les ha impuesto una condena de 4 años de prisión condicionales, con un plazo de suspensión de la condena de cuatro años, y multas que van de los 100.000 a los 200.000 euros. Finalmente, a Ana María Bermejo y a Mauricio Escribano se les ha condenado a tres años y medio de prisión, con un plazo de suspensión de la condena de cuatro años, además de una orden de expulsión del país durante 10 años y multas de entre 15.000 y 30.000 euros.
De los 18 condenados, 13 han sido declarados culpables de blanqueo de dinero con las circunstancias específicas de habitualidad y de actuación dentro del marco de un establecimiento bancario. Los otros cinco habrían actuado dentro del marco de una circunstancia específica, según el tribunal.
Un juicio complejo
Aunque el caso se ha llamado habitualmente como la causa general o causa primera de la BPA, la sentencia se refiere exclusivamente a la responsabilidad penal individual de las 24 personas acusadas en relación con la operativa que llevó a cabo un cliente de la entidad financiera entre los años 2008 y 2011, el empresario chino Gao Ping.
Debido a la complejidad que ha tenido esta causa para el sistema judicial andorrano, la sentencia se ha notificado 20 meses después del fin del juicio. Las investigaciones empezaron a raíz de la intervención del banco en 2015, después de que el tesoro de los Estados Unidos emitiera una nota en la que vinculaba a la BPA a operaciones de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado.
