El Ministerio de Trabajo ha decidido aplazar la tramitación parlamentaria de la reforma de la jornada laboral, que prevé reducir las horas semanales de 40 a 37,5. La votación de las enmiendas a la totalidad, prevista inicialmente para el 22 de julio, queda pospuesta hasta después del verano. El gobierno español no tiene garantizados suficientes apoyos para sacar adelante una de las leyes estrella de Sumar.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha optado por ganar tiempo ante la amenaza real de que la ley no supere ni siquiera el primer filtro parlamentario. Las enmiendas de rechazo de Junts, Vox y PP suman actualmente 177 escaños. En este escenario, y con la mayoría de la investidura fracturada por varios frentes, el riesgo de naufragio era demasiado alto. La Moncloa ha activado la estrategia de contención: aplazar e intentar reconstruir puentes con los socios periféricos, especialmente Junts per Catalunya.
El partido de Carles Puigdemont mantiene una actitud crítica con la propuesta. Fuentes de Junts apuntan que la medida puede perjudicar gravemente a pymes y autónomos, sobre todo en sectores con alta temporalidad o rigidez horaria. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, insiste en que el texto presentado por Trabajo «no está pensado para la realidad económica catalana» y exige una negociación «rigurosa y con garantías». Pese a que un 72 % de los votantes de Junts ven con buenos ojos la reducción horaria —según datos del CEO—, el partido quiere marcar perfil propio y no regalar ningún apoyo a cambio de nada.
El aplazamiento también se explica por el momento político delicado que atraviesa el PSOE. El caso de Santos Cerdán, hasta ahora mano derecha de Pedro Sánchez y encarcelado por corrupción, ha provocado una nueva sacudida a la frágil arquitectura parlamentaria del gobierno. En este contexto, llevar al Congreso una votación clave sin garantías de éxito habría sido suicida.
Pese a todo, el Ministerio de Trabajo mantiene el objetivo de aprobar la reforma antes de final de año. Según el calendario inicial, la jornada debería pasar a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025, con el mismo salario y con nuevas obligaciones empresariales como el registro horario y el derecho a la desconexión digital. El apoyo de los sindicatos mayoritarios es firme, pero las patronales se oponen frontalmente y han impulsado una enmienda a la totalidad a través de sus organizaciones sectoriales.
En la práctica, la reforma de la jornada se ha convertido en un termómetro de la salud política del gobierno. Si el PSOE y Sumar no consiguen reconfigurar alianzas y convencer a Junts, no sólo está en peligro la ley laboral sino también la estabilidad de toda la legislatura. En un momento de desgaste evidente y con el PP presionando para que se convoquen elecciones anticipadas, cualquier error parlamentario puede tener consecuencias letales.
Fomento felicita a Junts
Foment del Treball ha celebrado «el ejercicio de coherencia» de Junts per Catalunya por el hecho de haber mantenido el rechazo a la propuesta para reducir la jornada laboral que se debe votar en el Congreso de los Diputados.
La ministra Díaz ha anunciado este martes que el gobierno español ha decidido aplazar la votación del proyecto de ley para dar «tiempo» a la negociación con Junts.
Foment del Treball ha calificado el posicionamiento de Junts de «relevante para la economía productiva». Este martes Junts ha expresado al Ministerio el interés por proteger a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores de Cataluña con una fórmula de «consenso». Por eso Trabajo ha apostado por dar más margen a las conversaciones.
