El Consejo Ejecutivo de la Generalitat ha aprobado varias medidas de actuación urgentes para la prevención y la restauración de daños por incendios y otras situaciones de emergencia, a raíz de los fuegos de este julio en Lleida y en Les Terres de l’Ebre y del episodio de DANA.
El Gobierno catalán dispone de una reserva del fondo de contingencia de diez millones de euros para hacer frente a las medidas. El texto prevé, entre otros, la licitación urgente desde Forestal Catalana para la contratación de personal y maquinaria necesaria para llevar a cabo las actuaciones de restauración y recuperación de las zonas afectadas por los últimos incendios, además de la contratación de los trabajos necesarios para la redacción del Plan de prevención de incendios del Parque Natural de Els Ports y de la Reserva Natural de Mas de Melons.
Del mismo modo, las unidades de Arnes y Benifallet del Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF) se desplazarán a los territorios recientemente afectados.
El acuerdo del Gobierno también incluye el refuerzo de la estructura del GEPIF con tres nuevas unidades estratégicas para dar servicio permanente a la comarca de La Segarra, Les Terres de l’Ebre y el sur de las comarcas de Girona. La creación de estas unidades supondrá una ampliación de 36 efectivos, entre otros, conductores, técnicos en riesgos laborales y recursos humanos u operadores de radio, entre otros.
Asimismo, se ampliarán los medios disponibles con cuatro camiones polivalentes con brazo desbrozador, quid de agua y grada rápida, ocho todoterrenos pick-ups con quid de agua, dos tractores forestales, cuatro robots desbrozadores teledirigidos y dos biotrituradoras.
El Gobierno también quiere acelerar la tramitación y aprobación del Plan General de Política Forestal 2026-2036, que debe ser el marco de referencia para la gestión forestal cuatro sostenible y la bioeconomía de los bosques. Es el documento que identificará y priorizará los Puntos estratégicos de gestión (PEG) y también las Zonas de fomento de gestión (ZFG) para evitar incendios.
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Departamento de Interior y Seguridad Pública, con el apoyo del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, planificarán la gestión forestal de los perímetros de protección prioritaria, que tienen como objetivo atenuar y disminuir la exposición de los macizos forestales.
Papel clave de los Bomberos
El cuerpo de Bomberos de la Generalitat tendrá un papel clave a la hora de definir la estrategia de abordaje de la prevención de los incendios forestales. El texto aprobado también prevé la recuperación y el mantenimiento de mil hectáreas de hábitats de espacios abiertos de interés por la biodiversidad y la prevención de incendios forestales antes del mes de junio del año 2026.
Esta será una tarea del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, con la colaboración con los departamentos de Agricultura y de Interior y Seguridad Pública. En este sentido, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación realizará un proyecto piloto para el mantenimiento de caminos ganaderos y de fomento de la trashumancia, pues la ganadería tiene un papel fundamental para el mantenimiento de estos espacios.
En la misma línea, el Gobierno tramitará con carácter de urgencia las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de defensa forestal (ADF) para este 2026, por un importe de dos millones de euros.
Garantizar la accesibilidad
Asimismo, también incorporará una unidad móvil con conectividad multioperador y vía satélite para aportar provisionalmente cobertura móvil a zonas afectadas por situaciones de emergencia. Sin embargo, el Gobierno ha acordado una ampliación del plazo y la dotación hasta 28 millones de euros de la convocatoria para la mejora de infraestructuras viarias rurales con el objetivo de garantizar la accesibilidad, la cohesión territorial y el desarrollo sostenible.
Esta dotación se incrementa en ocho millones, un incremento previsto en los diez millones en los que se dota el decreto, hasta el año 2029, con la intención de reforzar la seguridad ante el riesgo de incendios y mejorar la capacidad de actuación de los entes locales.
El Gobierno, por su parte, promoverá una línea abierta de cincuenta millones de euros a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) destinados a préstamos con interés bonificado para atender cualquier situación de emergencia.
