La Generalitat y el Estado pactan las bases del nuevo modelo de financiación

Se trata de un sistema singular para Cataluña, pero al que se podrán acoger las autonomías que lo deseen.

Bluesky

Primer paso hacia un nuevo modelo de financiación de Cataluña. La Comisión Bilateral Estado-Generalidad ha aprobado hoy las bases de un sistema que será singular, pero al que se podrán acoger las autonomías que lo deseen.

En estos momentos, no está aprobado. El Gobierno catalán ha cumplido con el pacto de investidura con ERC que decía que antes del primer semestre se tenía que acordar el nuevo modelo y que a finales de este año se aprobará el modelo del que hoy lunes se han puesto los cimientos.

Con el nuevo modelo la Generalitat acabará recaudando todos los impuestos. Se empezará, sin embargo, con el IRPF, pero antes se dotará de personal especializado a la Agencia Tributaria Catalana (ATC), la cual mantendrá la colaboración y cooperación con la Agencia española (AEAT).

Así, la Generalitat acabará recaudando todos los impuestos. Entonces, transferirá una cantidad al Estado por los gastos de éste en Cataluña, así como una cantidad en concepto de solidaridad manteniendo, no obstante, la ordinalidad. Asimismo, el Estado transferirá el dinero suficiente por la singularidad estatutaria, como policía, cárceles o lengua.

Para la Generalitat, este acuerdo, al que ERC ha sido permanentemente informado e, incluso ha participado en varias reuniones de trabajo, es «mucho más claro y transparente» que el actual, según ha señalado Alicia Romero, consejera de Economía y Finanzas.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha celebrado el acuerdo y ha explicado que se basa en las siguientes cuestiones: suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal; solidaridad y ordinalidad; bilateralidad compatible con multilateralidad; singularidad; ampliación de la capacidad normativa; desaparición de los anticipos y dotar de más competencias al ATC con la creación de un grupo de trabajo pensado para la transferencia de la recapación, gestión e inspección del IRPF.

Romero, por su parte, ha explicado que el cambio de paradigma es que hasta ahora el sistema se basaba en el gasto y a partir del nuevo modelo se basará en los ingresos.

Pese a todo, hasta final de este año será necesaria varias modificaciones legislativas, tanto en Cataluña como en España. El Gobierno catalán confía con el apoyo de la mayoría de formaciones que apoyan a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Por ahora, los partidos de derechas, PP, Vox y Junts están en contra.

Romero también ha especificado que el nuevo modelo, liderado por Cataluña, podrá ser asumido por los gobiernos que lo consideren. Todos ellos verán mejorados sus ingresos.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha reiterado que este es el inicio de un trayecto en el que se asientan las bases de un nuevo modelo, totalmente diferente al actual.

Gestión de los impuestos

El ATC será la encargada de recaudar todos los impuestos en Cataluña aunque trabajando en red con la AEAT. Se empezará con el IRPF. Cataluña recaudó 30.000 millones en la última campaña. De ellos, la Generalitat gestionó 5.000 millones. Con el nuevo modelo, la Generalidad gestionará la totalidad.

No obstante, el ATC aún no está preparada para asumir la totalidad de la gestión e inspección de los impuestos a estas alturas. Para Romero, será necesario que el ATC y la AEAT compadezcan la plataforma tecnológica para evitar disfunciones y descoordinaciones. El ATC tiene ahora dos plataformas tecnológicas que no son compatibles entre ellas.

Durante estos últimos meses, la AEAT y el ATC han compartido los datos del impuesto de matriculaciones de vehículos como prueba piloto de la cooperación entre las dos agencias.

Corresponsabilidad

Así, según la Generalitat, el nuevo modelo representa más autogobierno, corresponsabilidad, claridad, transparencia, solidaridad, ordinalidad, capacidad normativa, regulación de las competencias específicas, superación del actual sistema de anticipos y bilateral España-Cataluña, pero generalizable a las autonomías que lo deseen.

En estos momentos, no se ponen cifras encima de la mesa. Antes, habrá que modificar las leyes y será a partir de 2026 cuando los gobiernos español y catalán tendrán que ponerse de acuerdo con las cifras.

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