La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará a los tribunales el nuevo modelo de financiación singularpactado entre el gobierno español y la Generalidad de Cataluña. En concreto, Madrid prevé presentar recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, alegando que el nuevo sistema vulnera la igualdad entre comunidades autónomas y rompe los principios básicos del régimen común de financiación.
Ayuso ha calificado el modelo de «fraude constitucional» y ha asegurado que representa un «ataque frontal a la solidaridad intersticial». La presidenta madrileña ha afirmado que no se quedará de brazos juntos mientras se consuma, según ella, un «atraco legalizado».
Madrid no estará sola en esta batalla. La presidenta de Extremadura, la también popular María Guardiola, ha anunciado que seguirá los pasos de Ayuso y llevará el modelo a los tribunales si finalmente se aprueba. Guardiola ha considerado que el acuerdo con Cataluña crea una «España a dos velocidades» y ha reclamado que se establezca una financiación justa para todas las comunidades, «no solo para aquellas que son necesarias para mantener a Pedro Sánchez en el poder».
También las juntas de Andalucía y Aragón, ambas gobernadas por el PP, han mostrado su preocupación por el precedente que puede establecer el nuevo modelo. Fuentes oficiales de estos gobiernos han confirmado que estudian acciones legales similares para impugnar el acuerdo si no se introducen garantías de equidad.
El nuevo modelo de financiación, que aún no se ha concretado legislativamente, prevé que Cataluña recaude y gestione una parte sustancial de sus impuestos, en línea con lo que reclaman partidos como ERC. La Moncloa defiende que el sistema será constitucional y voluntario para aquellas comunidades que quieran adherirse a él, pero este punto ha sido recibido con escepticismo por los territorios gobernados por el PP.
Con este anuncio, el conflicto político sobre la financiación autonómica entra en una nueva fase: la batalla judicial, que podría alargarse durante años y acabar en el Tribunal Constitucional, con consecuencias inciertas para el modelo de distribución de recursos en España.