Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en la asociación Gestha, consideran «imprescindible» modificar varias leyes orgánicas y ordinarias antes de que el Gobierno de España ceda la recaudación íntegra del IRPF a las comunidades autónomas. Esta demanda, defendida por el Gobierno catalán en la negociación del nuevo modelo de financiación, requeriría reformar la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), los estatutos de autonomía y la normativa sobre cesión de tributos. La reunión prevista este lunes entre el presidente Salvador Illa y el ministro Ángel Víctor Torres será clave para abordar esta cuestión.
Para Gestha, la propuesta de «financiación singular» para Cataluña implica reconocer los límites constitucionales y, por tanto, recomienda avanzar de manera gradual, con más capacidad normativa y una gestión compartida del impuesto a partir de 2026. También insisten en que la información tributaria de las declaraciones de la renta es esencial para combatir el fraude fiscal, por lo que no debería desligarse de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
A nivel económico, los técnicos calculan que, si la Hacienda catalana gestionara el 100% del IRPF el año próximo, administraría 27.590 millones de euros, en lugar de los 5.238 millones actuales, con el compromiso de devolver 2.737 millones a los contribuyentes y transferir al Estado la cuota pactada. Sin embargo, Gestha ve «muy difícil» que se produzca el traspaso de personal de la AEAT a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), ya que «la gran mayoría» de los 6.359 trabajadores rechazarían integrarse.