El Gobierno de España ha enviado una nueva propuesta a las capitales de los Estados miembros la Unión Europea para tratar de superar las reticencias que algunos han mostrado sobre la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego de cara a la reunión de la semana próxima, donde los 27 volverán a debatir la cuestión.
Según un memorándum que el ministerio de Exteriores ha hecho circular en los últimos días, consultado por la ACN, la propuesta introduce un nuevo artículo para «esclarecer aún más» el compromiso de España con el pago de los costes derivados de la implementación de la oficialidad.
El objetivo de esta propuesta es superar las dudas expresadas por los ejecutivos de Alemania, Austria, Croacia, Italia, Suecia, la República Checa y Finlandia. La cuestión se mantiene como punto de discusión en la agenda, con la posibilidad de que se someta a votación si hay consenso.
En el memorándum, el ejecutivo español insiste en que la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego no marca ningún precedente, aduciendo que «ninguna otra lengua cumple todos los requisitos».
Ante las dudas por las implicaciones jurídicas de la medida, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a argumentar que no es necesario reformar los tratados de la UE para permitir que las tres lenguas sean oficiales.
Propuesta de oficialidad parcial
El Gobierno de España puso sobre la mesa del Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo una propuesta de implementación parcial de la oficialidad de las tres lenguas a partir de 2027, pero los Estados miembros decidieron posponer la votación ante las dudas expresadas por una decena de ellos.
Según la ACN, el ejecutivo propone una oficialidad parcial: sólo se garantizaría que se traduzcan al catalán las regulaciones aprobadas por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. El resto de obligaciones que conlleva la oficialidad de una lengua quedarían suspendidas hasta que el Consejo lo decida.
El plan prevé asimismo que «en un plazo de cuatro años a partir» de 2027 «y en intervalos de cinco años posteriores» los Estados aborden la oficialidad completa del catalán, el gallego y el vasco.
