Aunque la democracia en la que vivimos dista de ser perfecta, es innegable que nos ofrece el marco necesario para avanzar en derechos sociales, construir una sociedad más justa y garantizar las libertades fundamentales. Es este sistema, con todas sus imperfecciones, lo que nos permite alzar la voz, cuestionar el poder y exigir transparencia.
Sabíamos, desde hace tiempo, que determinadas organizaciones políticas de derechas han estado tradicionalmente más interesadas en conservar sus privilegios que en defender el bien común. La corrupción, en muchos de estos casos, se convierte en un mecanismo para perpetuar el poder y proteger intereses particulares.
No obstante, también hemos comprobado con decepción y rabia cómo algunos dirigentes de la izquierda -quienes en teoría deberían representar una alternativa ética y socialmente comprometida- han sucumbido a las tentaciones del poder, anteponiendo beneficios personales al bienestar colectivo.
No se trata ahora de hacer un inventario minucioso de todos los escándalos de corrupción que han golpeado a formaciones como el Partido Popular -con centenares de imputados y múltiples condenas firmes- u otros partidos con episodios igualmente reprobables. Sin embargo, tampoco podemos mirar hacia otro lado ante los casos recientes que salpican al Partido Socialista Obrero Español, y que, de manera preocupante, alimentan y dan oxígeno al discurso populista y maniqueo de aquellos que sostienen que «todos son iguales».
Este tipo de afirmaciones, aunque simplifican hasta la caricatura la realidad política, encuentran una base emocional y simbólica en el agotamiento ciudadano ante la reiteración de prácticas opacas y comportamientos impropios en instituciones que deberían ser ejemplares.
En este contexto, la falta de autocrítica, la lentitud al exigir responsabilidades y la percepción de impunidad no sólo erosionan la confianza democrática, sino que abren la puerta a proyectos políticos, como el que defiende la extrema derecha, que cuestionan los fundamentos mismos del sistema representativo.
Ahora bien quienes hemos vivido una dictadura en carne propia sabemos bien lo que está en juego. La pérdida de libertades, la represión del pensamiento y el miedo impuesto no son meras lecciones de historia: son cicatrices profundas que nos obligan a seguir defendiendo la democracia con firmeza.
La democracia se sustenta en principios como la igualdad, la transparencia y el respeto por la voluntad popular. Sin embargo, la corrupción actúa como un cáncer que, lentamente, deteriora estos pilares fundamentales. Cuando los representantes públicos utilizan el poder para beneficio personal, socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, debilitando el contrato social que da sentido al sistema democrático.
La corrupción no sólo implica delitos financieros. También incluye el favoritismo, el clientelismo y la manipulación de procesos electorales. Cada vez que se desvían fondos públicos o se beneficia empresas afines, se priva a la sociedad de recursos esenciales para la educación, la sanidad o la justicia. Esta desviación de prioridades alimenta la desigualdad y deja a los más vulnerables fuera del juego político, marginados de las decisiones que les afectan.
Además, cuando los ciudadanos perciben que no hay sanción para los corruptos, aumenta la desafección política. Se pierde la confianza en el voto como herramienta de cambio, lo que se traduce en abstención, radicalización o incluso aceptación de alternativas autoritarias.
Por lo tanto, sí: la corrupción mata la democracia. No lo hace con ruido ni violencia explícita, sino con el desgaste progresivo de las instituciones, la fractura de la confianza social y el secuestro de la voluntad colectiva. Defender la democracia es combatir la corrupción, de forma implacable y constante.
Porque, a pesar de sus fallos, la democracia sigue siendo la mejor herramienta para vivir en libertad, proteger nuestros derechos y luchar contra la corrupción desde dentro del sistema. Y es precisamente por eso que debemos ser implacables con quienes lo ensucian, vengan del color político que vengan.