El gobierno español ha reiterado hoy que la nueva financiación singular para Cataluña será plenamente compatible con la atención a las necesidades de todas las comunidades autónomas.
El nuevo modelo contempla que la Generalitat recaude y liquide todos los impuestos de su territorio, a cambio de hacer aportaciones al Estado por servicios generales y un fondo solidario territorial que permita equilibrar recursos entre comunidades.
Varios barones socialistas de comunidades como Asturias o Castilla-La Mancha han expresado su preocupación por el pacto entre el PSOE y ERC, que consideran que podría privilegiar Cataluña. Critican la falta de debate interno y señalan que el pacto nace bajo presiones políticas.
La ministra de Hacienda, sin embargo, asegura que no se tolerarán agravios territoriales y que es necesario un modelo multilateral acordado en el Congreso.
La comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat se reúne el 14 de julio para cerrar el modelo singular acordado entre PSC y ERC. Aunque el plazo inicial era para el 30 de junio, el calendario se ha prorrogado y las negociaciones entran en la fase final para definir la fórmula de cálculo de las cuotas y la compatibilidad con el marco constitucional.
Feijóo tacha el modelo de «parche»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que «Cataluña necesita más financiación y la tendrá», pero solo si se pacta con el resto de autonomías.
Ha advertido de que el modelo singular, de no consensuarse, será «un parche abocado al fracaso» y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «arrodillarse» ante los independentistas.
Los técnicos de Hacienda abogan una reforma legal
La Organización de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la propuesta de financiación singular para Cataluña exigiría modificar varias leyes orgánicas, como la LOFCA y la Ley de Cesión de Tributos, para hacer viable la cesión total o parcial de tributos como el IRPF o el IVA a la Generalitat.
Según la organización, el modelo defendido por ERC y el PSC no se podría aplicar plenamente sin estos cambios legales, dado que el actual marco normativo limita la capacidad de las autonomías para gestionar de manera íntegra los impuestos estatales. Asimismo, alertan de que habría que garantizar la compatibilidad con el principio de solidaridad entre comunidades y con el marco constitucional.
Gestha no rechaza la viabilidad técnica del modelo, pero insiste en que será necesario consenso político amplio y seguridad jurídica para evitar conflictos y recursos. En paralelo, reclaman que cualquier reforma se haga con criterios de equidad y transparencia para no generar asimetrías inasumibles con otros territorios.
