Laporta, cada vez más lejos de cumplir con el control económico de LaLiga

Las expectativas económicas del Barça de Joan Laporta se encuentran en un punto crítico que, en función de las decisiones del auditor, pueden marcar el futuro de las propias finanzas y de la junta directiva, amenazada especialmente por esa multa de la UEFA de 60 millones que, para reducirla a 15 millones, requiere de un esfuerzo y requerimientos bastante complicados.

El fondo de titulización del Espai Barça y la UEFA han puesto ahora la gestión de Laporta bajo la lupa cada uno por motivos distintos y al mismo tiempo coincidentes. El grupo inversor liderado por Goldman Sachs, porque a partir de este invierno empieza la devolución del préstamo con el dinero procedente de la explotación del Spotify; y la UEFA, porque le ha dado de plazo dos años a Laporta para recomponer su equilibrio económico, esta vez sin trampas ni ventas de activos o de patrimonio. Y ambos, Goldman Sachs y la UEFA, se avienen a las conclusiones de LaLiga, según su criterio y control, para certificar si el club azulgrana cumple los parámetros exigidos. En caso negativo, Goldman Sachs puede intervenir la tesorería azulgrana para garantizar el pago de las cuotas y el organismo europeo aplicar los 45 millones del resto de la multa.

El fondo de titulización del Espai Barça incorpora una serie de compromisos (covenants) relativos, entre otros, al desarrollo del proyecto, la generación de los ingresos cedidos y la ratio de cobertura del servicio de la deuda. Resumidamente, que el proyecto Espai Barça se complete según lo previsto, que los ingresos futuros (naming rights, ticketing, hospitality, etc.) cedidos al fondo sean suficientes para cubrir los pagos de la deuda y que se mantenga una ratio de cobertura de la deuda adecuada. Es decir, que los flujos generados por el Espai Barça sean suficientes para atender los compromisos financieros del fondo. Además de los compromisos del fondo, el FC Barcelona está sujeto al reglamento de control económico de LaLiga, igual que ha delegado la UEFA, para estimar si en los próximos 24 meses Laporta hace los deberes.

La normativa de control económico de LaLiga comprende presentar cuentas anuales auditadas, cumplir con el indicador de punto de equilibrio (break-even). Es decir, no acumular déficits operativos relevantes en el trienio móvil, mantener la deuda neta por debajo del 100% de los ingresos relevantes y que los gastos de personal de la plantilla inscribible no superen el 70% de los ingresos relevantes.

Parece fácil porque, entre otras cosas, el fair play financiero con el que Tebas da la tabarra todos los días, sirve para que nadie estire más el brazo que la manga, o al menos ese era el propósito hasta que Laporta se fue inventando palancas ficticias que, hoy en día, han generado un agujero todavía oculto en la contabilidad de más de 300 millones.

Ese es el gran caballo de batalla: que por culpa de esa temeridad y embuste de las operaciones de Barça Studios y de Sixth Street va a ser complicado que los resultados económicos sean positivos. El break-even (también conocido como punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad) es un indicador financiero fundamental para entender la viabilidad del club, que ya perdió 91 millones en el ejercicio 2023-24. Y puede que acumule más en el 2024-25, aún pendiente de que Crowe, el auditor, y Laporta, que ejerce de CEO y de director financiero, se pongan de acuerdo en cómo dilucidar el peso muerto de las sociedades cuyo valor en libros será obligado deteriorar más tarde o más temprano.

Un segundo año de pérdidas acumuladas exigen, para el cumplimiento del fair play y de ese punto de equilibrio la imposición de un plan de recuperación que, por fuerza, ha de afectar al margen salarial y a los gastos especialmente. Traducido, que Laporta podría verse en la tesitura de haber de rebajar extraordinariamente los costes de salario y operativos, o bien compensar el tétrico panorama con algún traspaso de uno o varios jugadores franquicia.

A todos los efectos, sería como si no estuviera anulado el artículo 67º de los estatutos del FC Barcelona que obliga a la directiva a presentar a la asamblea un plan de recuperación de las pérdidas de un ejercicio en los dos siguientes, y que, desde luego, no contempla su continuidad en el cargo si en el siguiente año se registran números rojos no previstos en ese plan de rescate.

En el caso de producirse un déficit en esta temporada pendiente de cerrar cuentas, la 2024-25, Laporta y su junta saltarían por los aires en la aplicación de los estatutos, si la asamblea de 2021, a propuesta del presidente, no hubiera aprobado la suspensión del artículo de control social sobre la gestión financiera del Barça. La única solución de Laporta estos años ha sido disimular cientos de millones en pérdidas a base de vender activos y patrimonio, que ha hipotecado peligrosamente el futuro inmediato porque a la hora de la verdad eran pufos, maniobras contables ilusorias. Y también a largo plazo, porque a partir de 2033 los compromisos de devolución del nuevo Camp Nou se comerán buena parte de los ingresos ordinarios. El panorama, lejos de mejorar, empeora con el paso del tiempo.