En cinco días, del sábado 5 de julio al miércoles 9, la política española ha vivido uno de los periodos más intensos de los últimos años. El sábado, la reunión del Comité Federal del PSOE donde Pedro Sánchez remodelaba la dirección y exponía la hoja de ruta del partido, tras el encarcelamiento del nuevo secretario de organización Santos Cerdán. El domingo, el PP celebraba su congreso en el que revalidada a Núñez Feijóo como líder del partido y candidato a la presidencia del gobierno. Al día siguiente la rueda de prensa habitual del lunes en la sede de Vox, no la hacía ni Abascal ni el portavoz nacional, José Antonio Fúster, sino que quien intervenía era la responsable de Demografía y Políticas Sociales, la diputada Rocío de Meer, que quizá inconscientemente patinaba y metía la pata, quizá deliberadamente calculado al estilo Trump para provocar, afirmaba que se deberían expulsar de España a ocho millones de migrantes e hijos de migrantes ya nacionalizados. Concepto bautizado como «reinmigración» con billete de avión hacia el país de origen por Alternativa por Alemania, adoptado rápidamente por Vox y Aliança Catalana. Propuesta que generaba un rechazo generalizado y Vox contraatacaba acusando a la prensa de manipular las palabras de De Meer.
El miércoles, Pedro Sánchez comparecía en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones y presentar sus nuevas medidas del gobierno contra la corrupción. Comparecencia y debate que fue, de hecho, una moción de confianza sin que se votara, en la que Pedro Sánchez constató que sigue teniendo el apoyo de los socios de investidura salvo Podemos, que parece que quiere emular los peores momentos de lo que hace más de dos décadas se llamaba con sarcasmo «Izquierda Hundida». Y aguantando de momento Sánchez, Núñez Feijóo utilizó un tono muy duro con el PSOE con acusaciones de todo tipo como que se había lucrado de la prostitución, a la vez que dejaba claro que no haría cordón sanitario a Vox, de quien aceptaría los votos para ser investido presidente del gobierno, pero sin hacerle entrar en el gobierno. Una entrada en el ejecutivo que Abascal creo que tampoco desea.
Mientras en la mayoría de países europeos como Francia, Italia, Austria, Holanda, Polonia, Hungría o Alemania, la ultraderecha xenófoba y euroescéptica es la primera o segunda fuerza política, en España con Vox, es la tercera. Aquí la ultraderecha va más retrasada ya que exceptuando la Plataforma per Catalunya de Josep Anglada que fracasó en sus intentos de dar el salto al Parlament de Cataluña y al Congreso de los Diputados, no irrumpió en las instituciones con Vox hasta diciembre de 2018 en Andalucía y en abril de 2019 en el Congreso de los Diputados. En Cataluña hace dos años Aliança Catalana y Sílvia Orriols, con un discurso igual de xenófobo que el de Vox, pero independentista, se hizo con la alcaldía de Ripoll. Y hace un año Orriols entró en el Parlament. Y también tenemos Se Acabó la Fiesta de Alvise Pérez con tres eurodiputados.
Aliança no tiene prisa, ya que a no ser que el PSC acabe salpicado por la trama Koldo, Ábalos y Cerdán, nada hace pensar que Salvador Illa tenga que adelantar las elecciones. Mientras tanto el discurso de Orriols penetra poco a poco en la mente de muchos independentistas, y el partido se centra en la extensión territorial de cara a las elecciones municipales. Unas candidaturas que estarán formadas por muchos militantes recién llegados, y el partido tiene miedo de que se le puedan descontrolar algunos concejales tras las elecciones. Hace dos años Aliança sólo se presentó en Ripoll donde fue la fuerza más votada con seis concejales y donde gobierna en minoría, en Manlleu, donde obtuvo un concejal que ha sido reemplazado por un miembro de la lista con más carisma, y en Ribera d’Ondara, donde el concejal de Aliança, que asumió temporalmente la alcaldía, rompió con Orriols abandonando el partido.
Vox, que quiere dejar de ser la tercera fuerza española y el comodín del PP para las investiduras, cree que no podrá incrementar su techo electoral –ahora tiene 33 diputados en el Congreso, y la anterior legislatura tuvo 52— hasta que Feijóo, o quien sea del PP, llegue a La Moncloa y presida un gobierno del PP en solitario. Vox no quiere la vicepresidencia para ser la Yolanda Díaz de Feijóo, de Ayuso o de Moreno Bonilla. Quiere que Feijóo, o quien lidere el partido de aquí a dos años, sea investido presidente gracias también al voto de los diputados de Vox para, desde la oposición, confrontarse al gobierno del PP y acabar superándolo en las siguientes elecciones. Confía en poder reprocharle que, a pesar de haber echado a Pedro Sánchez, sigue haciendo unas políticas de inmigración, ambientales o de género muy parecidas a las suyas. Abascal acusaría a este hipotético gobierno del PP de cumplir dócilmente todo lo que dictan desde Bruselas y no defender lo suficiente la unidad de España. Así pues a corto plazo lo que quieren tanto Vox como el PP es que en las elecciones de aquí a dos años, o antes si Sánchez las adelanta, sumar entre los dos la mayoría necesaria para evitar que los socialistas sigan siendo los inquilinos de la Moncloa.
Siendo el recorte de la lengua catalana a la administración y la escuela una de las condiciones que ha puesto y conseguido Vox en los gobiernos del PP de la Comunidad Valenciana y las Baleares, no parece probable que Junts facilitara por activa o por pasiva este ejecutivo del PP condicionado por Vox. Lo que me cuesta entender es cómo Feijóo y el PP, haciendo ahora un discurso parecido al de Vox, pidiendo la cárcel para Pedro Sánchez, y con un Vox radicalizado que propone expulsiones de millones de ciudadanos de origen extranjero, conseguirán ampliar el número de votantes. Porque lo que ahora parece que hace PP es querer robarle votos a Vox mientras que los de Abascal se los quiere robar al PP. Y si Se Acabó la Fiesta también se presenta, más allá de que ciertamente pueda conseguir algún diputado por Madrid, restará votos en las otras provincias a Vox y el PP, que perderán diputados.
¡Ah! Sílvia Orriols niega que se plantee presentarse a unas elecciones españolas. Pero si lo hiciera sacaría votos y diputados a Junts y Esquerra. Ella dice que no lo hará, pero también aseguraba hace dos años que no se presentaría como candidata de Aliança al Parlament ya que según ella técnicamente sería incompatible con hacer de alcaldesa y miremos ahora dónde está. No sabemos cuándo Sánchez convocará elecciones, que será en el momento que él crea que los resultados le pueden ser más favorables. Pero si no las adelanta, las elecciones municipales quizá coincidirán con las generales. Y sería extraña una campaña en la que pidiera el voto para Aliança para salvar a Cataluña en la urna de las municipales y pedir la abstención en las generales. Si esto pasase, estaría tentando a sus votantes a volver al «peix al cove» y votar de nuevo a los «procesistas» Junts y Esquerra para el Congreso y el Senado.
Llegado aquí me pregunto, ¿sería ciencia ficción que Aliança con dos o tres diputados en Madrid, si fueran determinantes, que pactase con el PP y Vox una investidura de Feijóo si se aprueba una ley de extranjería que facilite las expulsiones, restrinja el empadronamiento y recorte derechos sociales y ayudas para los inmigrantes, y en contrapartida el PP se comprometiera a no hacer reformas para recortar el catalán?
