El informe anual sobre el Estado de derecho elaborado por la Comisión Europea ha dado otro toque de atención a España por «el alto riesgo de corrupción» detectado en los sectores de la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos políticos.
En el caso de España, el ejecutivo comunitario ha reiterado una advertencia de la anterior evaluación sobre el riesgo de corrupción y, además, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que «no haya empezado a trabajar» en una «estrategia nacional contra la corrupción».
El informe, que evalúa la salud de la democracia de cada estado miembro de la Unión Europea (UE) y recoge una serie de recomendaciones por países para reforzar su sistema político y judicial, ya no refleja la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que solía ser la asignatura pendiente.
La nueva evaluación, correspondiente al ejercicio de 2024, señala que «no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas», y que «la falta de una estrategia unificada corre el peligro de provocar la fragmentación y una supervisión insuficiente de las medidas».
Según datos del Eurobarómetro recogidos en el informe, un 40% de las empresas españolas cree que la corrupción les ha impedido ganar una licitación pública o un contrato de contratación pública en los últimos tres años, un porcentaje que es del 25% de media en la UE.
El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha evitado pronunciarse sobre los casos de presunta corrupción que salpican al ejecutivo de Sánchez y al PSOE, recoge la ACN.
En cambio, Bruselas ha reconocido en esta evaluación «algunos avances» de España para «aumentar la eficiencia» en los procesos de enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel, aunque pide al ejecutivo español acelerar la finalización de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Por otro lado, la Comisión también alerta a España de que «no se han registrado nuevos avances» en la mejora del acceso a la información a través de la revisión de la ley de secretos oficiales, una recomendación que la institución ya recogió en el informe del año pasado.
En cuanto a la amnistía, una vez más, el informe de este año evita entrar a valorar la medida y se limita a constatar que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional.
En el mismo documento, Bruselas reconoce «avances» en la recomendación de desligar el mandato del fiscal general del Estadode la duración de la legislatura con el fin de «reforzar» su estatuto.
