El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido las licencias de establecimientos de juegos de azar después de que el Tribunal Supremo (TS) haya anulado parcialmente el plan especial urbanístico que aprobó en 2021 y que limita las zonas donde se pueden instalar estos establecimientos.
El gobierno municipal ha tomado esta decisión mientras se redacta una nueva regulación. En concreto, el Supremo ha anulado los artículos que prohibían establecimientos de juego a menos de 800 metros de centros educativos y a menos de 450 de otros espacios sensibles como centros sanitarios o equipamientos para jóvenes. La suspensión tendrá vigencia de un año, prorrogable un año más.
El gobierno municipal ha asegurado que comparte los objetivos del conjunto de las restricciones del plan especial que han sido anuladas y ha explicado que «introducirá las enmiendas necesarias para que se pueda desplegar con todas las garantías legales».
La sentencia del TS determina, según el consistorio, que si bien el Ayuntamiento tiene plena legitimidad para regular urbanísticamente las condiciones de implantación de los establecimientos de juego, es necesario que estas regulaciones sean cuidadosamente justificadas, proporcionadas y respetuosas con los principios de libre mercado y libertad de establecimiento, así como con la normativa sectorial autonómica vigente.
Nuevo planeamiento
El Ayuntamiento iniciará ahora la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico «que dé plenas garantizar las necesidades jurídicas a los objetivos de la ciudad para luchar contra la adicción al juego, con especial atención a los niños y a colectivo vulnerables».
Por este motivo, y mientras se redacta esta nueva regulación, el ejecutivo municipal ha dictado una suspensión temporal en el otorgamiento de licencias para la implementación de establecimientos destinados a juegos de azar, como salones de juego, salas de bingo y casinos.
Esta suspensión se ha publicado este viernes por la mañana en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y tiene efecto inmediato, con una vigencia de un año y prorrogable hasta un año más mientras se tramita la aprobación definitiva del nuevo plan especial.
