Hace ocho años, Cataluña era un volcán en erupción. Con Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat, la sociedad catalana sufría una gravísima división interna, provocada por el proceso independentista y el anuncio de un inminente referéndum unilateral de autodeterminación, que se acabaría celebrando el 1 de octubre. Aquella “hoja de ruta” acabó muy mal, en especial para los nueve líderes independentistas que pasaron más de tres años en la cárcel, hasta que fueron indultados por el presidente Pedro Sánchez.
En la perspectiva que da el tiempo, el proceso fue un enorme engaño/alucinación colectiva que afectó, aproximadamente, a unos 2,5 millones de catalanes, espoleados por una potentísima y sofisticada maquinaria mediática engrasada desde la Generalitat. Se han escrito ríos de tinta sobre el origen y las causas de esta fiebre secesionista, pero yo lo tengo claro.
Además de la influencia del Brexit, el momento 0 del proceso fue la imputación, en 2013, de Oriol Pujol –destinado a ser el heredero de la dinastía pujolista en la Generalitat– por el caso de corrupción de las ITV. Fue entonces cuando el padre padrone Jordi Pujol decidió desenterrar el hacha de guerra contra el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y la Casa Real. Si no había dinastía pujolista en Cataluña, entonces tampoco habría dinastía borbónica en España: el “gran pacto” de la Transición había saltado por los aires.
Ahora, con la validación por el Tribunal Constitucional de la Ley de amnistía ha culminado el constructo jurídico para cerrar este penoso episodio de la historia de Cataluña. La gente se ha sentido burlada (“¡lo tenemos a tocar!”), los dirigentes independentistas hicieron un ridículo espantoso, pero Mariano Rajoy y su “policía patriótica”, activada para intentar parar el proceso, también.
Según los cálculos de Alerta Solidària, hasta ahora han sido amnistiadas 367 personas, incluyendo 129 policías, y todavía quedan por resolver 69 peticiones. La “carpeta Puigdemont” es un caso aparte, porque está sujeta al tira y afloja entre el Tribunal Constitucional y los magistrados del Tribunal Supremo. También quedan flecos pendientes que pasan por el veredicto del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
¿Podrá volver a Cataluña Carles Puigdemont? Volverá, pero su aura de “independentista rebelde” se ha ido apagando con el paso de los años y hoy ya ha perdido toda su fuerza, credibilidad y carisma. Además, sus tratos secretos con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán -ahora en el epicentro de un asqueroso caso de corrupción, junto con el ex-ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García– pueden acabar estallándole en la cara.
De ser el protagonista central del proceso, Carles Puigdemont ha acabado en un papel marginal del “santoral” independentista. Su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de una amnistía que, de momento, lo ha dejado fuera de su aplicación, es un pésimo negocio que, sin duda, le pasará factura si se vuelve a presentar a unas elecciones.
Pero el verdadero punto final de esta tragicomedia será el juicio por corrupción contra el ex-presidente Jordi Pujol y sus hijos, que está fijado para el 10 de noviembre próximo en la Audiencia Nacional. Fue el propio Jordi Pujol, con su confesión del 25 de julio del 2014 sobre el dinero oculto en el extranjero, quien provocó su imputación y la de toda su familia.
Este es el “nudo gordiano” de todo el lío del proceso. Aunque la familia Pujol hizo gestiones para intentar ser incluida en el perímetro de la amnistía, es evidente que no era el caso. De todas maneras, la “música” de la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña resonará en este procedimiento judicial, donde la Fiscalía pide nueve años de prisión para el ex-presidente de la Generalitat y 29 para su primogénito, Jordi Pujol Jr., además de las condenas solicitadas para los otros hijos.
Jordi Pujol ya ha cumplido 95 años y, por razones humanitarias, no es cuestión que se le obligue a viajar a Madrid para asistir al juicio. Previsiblemente, el abogado defensor, Cristóbal Martell, logrará un pacto previo con la Fiscalía, que evitará el trance de la vista oral, con una sensible rebaja de penas para toda la familia. Según se especula, solo Jordi Pujol Jr. entrará una temporada en la cárcel, como hizo su hermano Oriol.
Entonces, el círculo iniciado el 2013 se habrá cerrado. Tal como pasó con la quiebra de Banca Catalana, la justicia española acabará perdonando a Jordi Pujol por los trapicheos corruptos que mancharon su mandato como presidente de la Generalitat. Tal como pasó con Banca Catalana, la movilización y la presión de las masas nacionalistas en la calle también habrá sido determinante para ayudar a eludir las responsabilidades penales de Jordi Pujol y su familia.
El proceso, en resumidas cuentas, ha sido una enorme cortina de humo organizada para distraer y esconder las miserias de un régimen corrupto que, afortunadamente, ya ha pasado a la historia. La última página se escribirá el próximo 10 de noviembre.