El Gobierno de la Generalitat ha aprobado aumentar la financiación de las plazas de guardería de 1.600 euros a 1.800. Con esta medida, se contribuye a la actualización de los costes de servicio y garantiza la gratuidad del I2.
El Consejo Ejecutivo ha decidido la odificación de la Ley de Educación (LEC) mediante un decreto ley que mejora la colaboración interadministrativa en materia de equipamientos escolares y en el uso social de los centros educativos, la sostenibilidad de la financiación del primer ciclo de educación infantil y la estabilidad legal para la oferta de programas formativos en los centros de nuevas oportunidades.
En primer lugar, se mejora el redactado de la disposición adicional trigésimo sobre la financiación de las plazas en las guarderías municipales. La LEC preveía un módulo económico de 1.600 euros por plaza, estable hasta el curso 2028-2029, pero ahora se actualizará este importe hasta 1.800 euros por plaza.
Ante el crecimiento sostenido de los costes de servicio y el incremento de la demanda, era necesaria una actualización urgente del módulo, según el Departamento de Educación y FP, especialmente en un contexto de prórroga presupuestaria, para mantener las cuantías en torno a un tercio del coste total del servicio.
Valorada la situación actual podría comprometer la viabilidad del modelo de gratuidad del I2, especialmente para los municipios con menos capacidad financiera. El impacto presupuestario estimado es de 9,92 millones de euros.
Así, también se modificará en la misma línea la disposición adicional decimoséptima de la ley para actualizar de 1.600 a 1.800 por plaza la financiación de la parte del coste del servicio de escolarización del I2 que actualmente asumen las familias, para continuar garantizando su gratuidad efectiva y asegurar su continuidad durante el curso 2025-2026. El impacto presupuestario estimado es de 6,15 millones de euros.
Obras financiadas por el mundo local
En tercer lugar, se introduce con más claridad la posibilidad de que el mundo local pueda asumir voluntariamente (con acuerdo previo del Departamento de Educación y Formación Profesional) la financiación o ejecución de obras de mejora, ampliación o adecuación de los centros educativos.
El redactado actual del artículo 164 de la LEC preveía que la competencia de la conservación, mantenimiento y vigilancia de las escuelas y centros de educación especial corresponde a los ayuntamientos, y requería sobre el Departamento la competencia en las obras y actuaciones de reforma, ampliación o adecuación y mejora, lo que impedía la flexibilidad en la realización de ciertas obras. Se estima un ahorro presupuestario de cerca de 8 millones de euros.
Además, también se pretende modificar el artículo 165, que prevé que la Administración educativa promueva el uso social de los centros públicos fuera del horario escolar, regulando los criterios básicos de uso.
El redactado actual no es suficiente para habilitar jurídicamente el uso de los centros por parte de entes locales o entidades sociales, lo que limita la efectividad de las políticas de apoyo educativo y comunitario en horario escolar, como las que se llevan a cabo en el marco de los Planes Educativos de Entorno.
PFI y Programas de Nuevas Oportunidades
Finalmente, mediante una modificación de la disposición adicional cuarta del Decreto-ley 3/2016, también se quiere crear la posibilidad de suscribir conciertos educativos para la prestación de los servicios vinculados a los Programas de Formación e Inserción (PFI) y a los Programas de Nuevas Oportunidades dirigidos a jóvenes que no han superado la educación obligatoria.
De este modo, se sustituirá el actual modelo de subvenciones anuales, optando por un mecanismo de financiación más estable y predecible. El coste global potencial del régimen de concertación podría situarse entre los 14 y los 21 millones de euros anuales, pero dado que se trata de una transformación del mecanismo de financiación, la medida no supone un nuevo gasto estructural.
