Unas 3.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado ante el Tribunal Supremo para mostrar su rechazo a la reforma judicial del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Jueces y fiscales han denunciado las «injerencias» del Gobierno de España en el poder judicial, a raíz del cambio en el sistema de oposiciones para acceder a la carrera judicial y fiscal. Bolaños, en una comparecencia, ha afirmado que «ni una sola línea» del texto afecta a la independencia judicial ni al estado de derecho, y ha pedido que «se lean el texto» antes de hacer juicios infundados.
Las asociaciones de fiscales AF y APIF han anunciado la convocatoria de una huelga para el 1, 2 y 3 de julio y han interpuesto un recurso de reposición contra la resolución de la Fiscalía General del Estado, que considera que no tiene competencias para fijar servicios mínimos. Denuncian que la Fiscalía pretende imponer unos servicios mínimos «tan amplios» que impiden el ejercicio efectivo del derecho de huelga. Según estas entidades, garantizar todas las actuaciones esenciales supone una limitación abusiva que vulnera sus derechos laborales.
Bolaños ha reiterado que respeta las movilizaciones, pero ha pedido «respeto por el poder legislativo» y por las competencias del Congreso y el Senado. Ha defendido que la reforma pretende favorecer la igualdad de oportunidades y la promoción interna dentro de la carrera judicial y fiscal. En referencia a los insultos dirigidos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la protesta, ha afirmado que son «un motivo de preocupación».