La comunidad LGTBIQ+ saldrá a las calles de Budapest este sábado para plantar cara a la prohibición del Orgullo impuesta por el gobierno ultra de Viktor Orbán. A pesar del veto policial, la protesta se hará con el apoyo del alcalde de la capital, Gergely Karácsony, que se arriesga a la pena de prisión por acoger la marcha. La convocatoria también recibirá el apoyo de alcaldes como Jaume Collboni, representantes del Gobierno de España, del Gobierno catalán, del Parlamento Europeo y de más de 70 delegados de Amnistía Internacional. La movilización llega en un clima de alta tensión y represión, donde incluso los participantes podrían ser sancionados con multas y penas de prisión.
Según la directora de Labrizs, Dorottya Rédai, la situación legal continúa «muy confusa» y las amenazas del gobierno húngaro son reales. La ley aprobada en marzo, en nombre de la «protección de la infancia», prohíbe de facto las protestas del colectivo LGTBIQ+ y permite el reconocimiento facial para sancionar a los manifestantes. Human Rights Watch denuncia que el derecho de reunión está siendo «desmantelado» en Hungría y la Comisión Europea ya ha iniciado acciones legales contra esta deriva autoritaria. Sin embargo, Bruselas ha mostrado dudas sobre una participación institucional directa en la manifestación para evitar un choque con Orbán en plena negociación por nuevas sanciones contra Rusia.
El Gobierno catalán estará representado por diputadas del Parlamento de Cataluña, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona reafirma su compromiso con los derechos humanos a través de la presencia de su alcalde. También asistirán miembros destacados de Sumar, los Comunes, Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ante las amenazas de la extrema derecha y la prohibición oficial, el Orgullo en Budapest se convierte en una reivindicación de libertad y resistencia, con el objetivo de convertir la marcha en una de las mayores movilizaciones de los últimos años.
