La Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA, que sustituye a la DGAIA) ha enviado centenares de correos electrónicos a jóvenes extutelados para reclamarles supuestos pagos indebidos de las prestaciones a las que tienen derecho de los 18 a los 23 años. Según ha publicado el diario Ara, las cantidades reclamadas se encuentran entre los 10.000 y los 36.000 euros.
La Sindicatura de Cuentas cifró en 167 millones de euros los pagos indebidos otorgados por el Departamento de Derechos Sociales a unas 230.000 familias, de los que 4,7 millones (el 2,8%) correspondían a los jóvenes extutelados. En su informe, la Sindicatura constató irregularidades en el pago de la prestación a extutelados jóvenes que estaban trabajando o vivían fuera de Cataluña, criterios excluyentes para ser beneficiarios.
La consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, negó que hubiera mala intención en estas prestaciones irregulares y atribuyó los pagos indebidos a las deficiencias tecnológicas del propio departamento y a que no comparte datos con la administración de Hacienda o la Seguridad Social. Este jueves, Martínez Bravo ha dicho que, de momento, se ha recuperado el 70% de los 167 millones de euros que no deberían haberse pagado.
Mecanismos de control y gestión
El procedimiento que ha iniciado la DGPPIA es fruto de la puesta en marcha de los nuevos mecanismos de gestión y control de las prestaciones sociales anunciados en la reconstitución de la antigua DGAIA. Fuentes de la DGPPIA han explicado al diario citado que, hasta finales de año, los técnicos revisarán los expedientes de los jóvenes en los que se haya detectado algún pago indebido en el ejercicio de 2021, y que ya están a punto de prescribir, así que hoy por hoy no saben cuál será la magnitud de las reclamaciones.
«Admitimos que estos requerimientos pueden generar sobornos o incomodidades a los jóvenes afectados, y lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar», indican desde el organismo, subrayando que el envío de estos mensajes es una «obligación legal» ante «de cualquier evidencia de pagos indebidos».
En octubre del año pasado, Derechos Sociales también envió cartas a miles de familias vulnerables para reclamarles cantidades «indebidas» a cuenta de la renta garantizada de ciudadanía. El Gobierno catalán, sin embargo, decidió condonar la deuda porque se trataba de un «error» de la administración. En el caso de los jóvenes extutelados, la DGPPIA ha indicado que habrá que esperar al resultado de las revisiones antes de decidir qué hará.