El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la adhesión a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos (FUDA), impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para controlar el alquiler de alojamientos de corta duración. La herramienta digital, compartida entre administraciones públicas y plataformas digitales, centralizará la información sobre los alquileres de corta duración y turísticos.
El consistorio cuenta con que, así, dispondrá de un censo “unificado y fiable” de alojamientos de estas características activos en la ciudad, que incluirá la dirección exacta, la URL de los anuncios en las plataformas y datos estadísticos de actividad.
La previsión del Ayuntamiento es que la herramienta ayudará a detectar usos irregulares o sin licencia «con más facilidad y poder solicitar la desactivación de los anuncios que no cumplan con la normativa» o no dispongan del número de registro obligatorio.
Registro único obligatorio
La normativa se desplegará a partir del próximo 1 de julio y recoge la obligatoriedad de registrar todas las viviendas destinadas a uso turístico y de corta duración a través del Registro Único de Arrendamientos, el cual garantizará su identificación y facilitará la supervisión por parte de las administraciones locales y nacionales. Asimismo, la FUDA centralizará los trámites relacionados con el registro y la consulta de datos.
El alcalde Jaume Collboni explicó esta misma semana, de hecho, que quería hacer un nuevo convenio con Airbnb para incorporar el nuevo marco normativo, en relación a este decreto impulsado por el Ministerio de Vivienda.
Con esta adhesión, Barcelona tendrá acceso a los datos relativos a los servicios de alquiler de viviendas de corta duración y turísticos en la ciudad, los datos estadísticos de la actividad, el número de registro pertinente, la dirección exacta de los alojamientos y las URL de los anuncios publicados en las plataformas digitales.
Las plataformas de alquiler de corta duración, además de remitir datos de actividad mensualmente, deberán aportar los datos relativos a sus anuncios, que requerirán de un número de registro obligatorio que proporcionará el Registro de la Propiedad, previa comprobación del cumplimiento de la normativa estatal, autonómica y local, como la existencia del permiso de actividades en vigor. Por su parte, estas plataformas estarán obligadas a verificar los registros, informar sobre las irregularidades y eliminar anuncios asociados a registros suspendidos o inválidos en un plazo de 48 horas.