La población de Andorra no para de crecer. Los últimos datos apuntan a que ya roza los 90.000 habitantes, con un incremento muy notable, en los últimos meses, de los inmigrantes procedentes de países de América Latina (Colombia, Perú, Argentina, Brasil…). Actualmente, la población de nacionalidad extranjera supera las 48.000 personas, mientras que la de nacionalidad andorrana no alcanza las 40.000.
La complicada orografía del país dificulta el establecimiento de nuevas zonas residenciales, lo que conlleva una fuerte presión especulativa sobre el precio de alquiler y compra de las viviendas. Andorra tiene una superficie de 467,6 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 182 habitantes/kilómetro cuadrado. Su economía está, definitivamente, abocada al turismo y a los servicios y, en esta fase de crecimiento, la construcción –en especial dirigida a residentes extranjeros de alto nivel adquisitivo– ha alcanzado un rol de tracción del empleo.
Este modelo necesita un consumo voraz de territorio, y Andorra se está quedando sin él. Y no digamos para las iniciativas industriales y empresariales, que requieren polígonos para poder desarrollar sus actividades y que están quedando acopiadas por falta de suelo disponible.
El Govern de DA y los poderes fácticos andorranos tienen un sueño húmedo: saltar el río Runer y colonizar L’Alt Urgell. Eso implica convertir La Seu d’Urgell en un suburbio para la gente sencilla que trabaja en Andorra y desarrollar el proyecto de hacer una “zona económica especial” en Solivella (Alt Urgell), a 30 kilómetros de la frontera, para que se puedan instalar empresas andorranas.
El alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera, ya ha mostrado su rotunda oposición a convertir la ciudad en un barrio dormitorio de Andorra y a permitir que se construyan pisos con esta función. La idea de la “zona económica especial” fue tratada por Xavier Espot en la reunión que mantuvo, el jueves de la semana pasada, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la defendió al día siguiente en público, durante su participación en el Encuentro Empresarial del Pirineo, celebrado en La Seu d’Urgell.
Esta “zona económica especial” se ubicaría en el futuro polígono Vilansats, que promueve en Solivella el Instituto Catalán del Suelo. Según este proyecto, se trataría de que las empresas andorranas se pudieran instalar en este lugar, pero manteniendo los privilegios fiscales que tienen en Andorra, donde el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades son sensiblemente más bajos que en España y en Francia.
El presidente Illa, que es un firme partidario de incrementar la colaboración entre Cataluña y Andorra, ha fruncido el ceño ante esta propuesta. Sin rechazar la idea de entrada –el presidente de la Generalitat es una persona educada–, resulta estrambótico y contraproducente que se pueda permitir una “pequeña Andorra” en Organyà, que pretenda burlar la fiscalidad de las empresas y los derechos laborales existentes en España.
