Corren tiempos de escasa, por no decir nula, transparencia en el ámbito económico y financiero de las actuaciones de la directiva de Joan Laporta más allá de una estudiada y sintética declaración de hace unas semanas en el contexto de las celebraciones tras la conquista de la Liga. El ejercicio 2024-25 se cerrará, dijo, con 950 millones de ingresos y el presupuesto de la siguiente temporada será de más de 1.000 millones, anuncios que, leídos en diagonal y convenientemente analizados, no deberían provocar en el barcelonismo el menor estado de euforia y mucho menos de conformismo, como pretendía el presidente. Las informaciones sobre algunos de los aspectos clave financieros, como la operación de los asientos VIP no son, a estas alturas, tan optimistas como se las prometía Laporta en enero pasado, cuando la anunció, ni tampoco ahora que el auditor ha de resolver la cuestión decisiva sobre si anota ese ingreso en su totalidad en el haber de la temporada o, por el contrario, si corresponde diferirlo por los años de contrato.
En ningún caso el presidente se refirió a la posibilidad de dar beneficios ni aclaró si esa cantidad de 950 millones, 57 millones por encima de los presupuestados, contenía esos 100 millones de Catar y de los Emiratos Árabes, tal y como la junta pretende incorporarlos, netos, de acuerdo con la naturaleza del producto comercializado, al menos según el parecer de la comisión económica estratègica que validó en su día bajo ese criterio.
Luego, como es sabido, llegó el nuevo auditor, Crowe, y encontró por lo menos tres razones para no incorporarla a la cuenta de resultados en el balance intermedio de la temporada a 31 de diciembre pasado, lo que tuvo un efecto inmediato en la reversión del estado del 1-1 del margen salarial azulgrana, de nuevo en condición oficial de excedido. Para Crowe, los asientos no forman parte todavía del patrimonio del FC Barcelona hasta que Limak entregue la obra según el contrato suscrito. También existen dudas más que razonables sobre la razonabilidad contable de prorratear el ingreso, como se aplica a este tipo de acuerdos por los años de duración, y, finalmente, por tratarse de una vía de explotación del nuevo Spotify, una parte no menor de la mitad debe desviarse al plan de amortización del crédito para la reforma del estadio. Estas dos últimas circunstancias reducirían a 4 millones la mejora del margen salarial en caso de diferir contablemente la entrada de la operación o una cantidad de entre de 25 y 50 millones -sobre los 100 millones previstos-, en el supuesto de admitirse la plena efectividad, como pretendía Laporta desde el principio.
Las dudas se mantienen
Transcurridas varias semanas del dibujo de este escenario de fin de curso, ciertamente vago e inconcreto, aunque con el eco mediático positivo bien planeado por el presidente, no se ha vuelto a hablar de cómo se resolverá ese conflicto cuyo origen hay que buscarlo en la temeraria maniobra de la tarde-noche del 31 de diciembre pasado, cuando Laporta cerró la operación de los asientos VIP, con Rusian Birladeanu de por medio como desconocido -al menos hasta ese momento- envuelto en una auditoría que luego ha resultado ser otra de esas bromas financieras del presidente.
Ahora que pasan los días y se acerca esa primera fecha del 30 de junio como límite para que el auditor resuelva este conflicto, que directamente condiciona la batalla por el fair play financiero que tanto necesita Laporta para fichar e inscribir los jugadores que le ha prometido a Hansi Flick, el auditor y parece que también LaLiga estarían de acuerdo en aplicar un criterio básico sobre esos 100 millones que, si se tratara de una venta finalista de derechos de comercialización, podrían incorporarse como un beneficio neto dentro de la temporada actual. Por el contrario, como el FC Barcelona ha reconocido que un acuerdo de cesión de comercialización por un periodo de tiempo determinado, de 30 años, la decisión estaría más cerca de prorratear esos 100 millones a lo largo de la duración del contrato.
Por tanto, de nada serviría, como se ha especulado, la posibilidad de que Birladeanu adelantase el pago de los 42 millones pendientes para el próximo ejercicio antes de este final de mes, pues no alteraría esa resolución administrativo-contable sobre el prorrateo.
Sería una adversidad para Laporta que, según sus propios periodistas de cámara, necesita esos 100 millones de forma imprescindible para afrontar, que no conseguir, el equilibrio del fair play financiero al 1-1, objetivo para el que requiere otros 50 millones provenientes de ajustes válidos para LaLiga, a base de traspasos, cesiones u operaciones de patrimonio y activos extraordinarias, esta última vía prácticamente agotada.
El auditor y LaLiga se han convertido en los dos jugadores principales de este mercado azulgrana de verano tan complicado y puede que controvertido.
