Juicio a Francesc Rubiralta, expresidente de la siderúrgica Celsa. La actual dirección le acusa de no reclamar un crédito de más de 500 millones de euros entre las empresas del grupo. Según ha asegurado durante la vista oral, las empresas patrimoniales familiares no tenían más capital que las propias acciones de la compañía y, por tanto, no podían devolver a Inversiones Pico Espadas SA, propiedad de la familia Rubiralta y propietaria de Celsa, los 504 millones de euros que le habían prestado.
La sociedad demandante ejercita una acción social de responsabilidad prevista en la ley de sociedades de capital, solicitando que se declare la responsabilidad del antiguo administrador por presuntas conductas contrarias a sus deberes como administrador, consistentes en no declarar vencido ni reclamar, entre 2020 y 2022, el pago de un crédito intragrupo por importe de 504.550.345 euros, 482 millones más intereses, suscrito entre sociedades patrimoniales controladas por la familia Rubiralta y las sociedades operativas del grupo Celsa.
Durante el juicio, la defensa de Rubiralta ha negado ninguna mala fe, y ha recordado que el crédito se hizo efectivo antes de que en 2010 entrara él al frente de la empresa, justo después de la muerte súbita de su padre.
Seis horas de declaraciones
La vista ha durado cerca de seis horas y ha comenzado con el interrogatorio a Rubiralta. Ha explicado que en 2010 se convirtió en el máximo ejecutivo de la siderúrgica tras una muerte bastante rápida de su padre y cuando ya se habían concedido los préstamos dentro del entramado empresarial.
En un tenso interrogatorio del abogado de la parte demandante, Rubiralta ha intentado esquivar muchas de las preguntas, o al menos empeñarse en poner contexto a las respuestas. El juez ha dicho que tendría en cuenta estas evasivas. Así, por ejemplo, no ha querido calificar el hecho de que un préstamo entre hermanos supusiera una reinversión al grupo empresarial familiar, ni a qué empresas filiales del grupo fueron a parar el dinero.
Rubiralta ha explicado que su familia tenía la propiedad de varias sociedades patrimoniales, que a su vez poseían Pico Espadas, el principal accionista de Celsa. Por ello, ha dicho que los acreedores no pidieron la devolución de la deuda, porque sabían que detrás estaba sólo la familia, que las empresas eran instrumentales y que su capital era exclusivamente las acciones de la siderúrgica, con cuyo valor se habría devuelto el préstamo.
Por ello, ha asegurado que ningún accionista se quedó dinero de estos préstamos, sino que se reinvirtieron todos en otras empresas del grupo metalúrgico. También ha dicho que durante años los acreedores no pidieron la devolución de la deuda, ya que la compañía atravesaba dificultades y estaba centrada en otras cuestiones, pero han sido los nuevos propietarios los que sí han querido reclamar la deuda pendiente.
Un perito de la auditora KPMG, propuesto por los demandantes, ha asegurado que habían detectado cerca de un millar de transacciones de todo tipo, como préstamos, pago de dividendos o transferencias, entre filiales del grupo de 2006 a 2009, por valor de 482 millones, 212 de los cuales fueron a parar a un tío del demandado para que se quedara la parte farmacéutica del grupo. Ha calificado los movimientos “de operativa anárquica”.
En cambio, un perito contratado por la familia Rubiralta ha asegurado que cuando se concedieron los créditos ya se sabía que serían inretornables.
La parte demandante también ha acusado a Rubiralta de hacer un borrado completo de muy buena parte de la información interna de la empresa antes de perder su control a manos de los nuevos propietarios. Rubiralta lo ha justificado por un supuesto ciberataque y como medida de seguridad, pero una perito informática ha asegurado que el primer y principal borrado tuvo lugar en la información de los máximos dirigentes de la empresa y que no se activó el protocolo de ciberataques.
Por ello, ha puesto en duda que el motivo del borrado fuera un ataque informático externo. La mujer ha dicho que probablemente se borraron “centenares de terabytes” de información procedentes de cuentas de correos, discos duros y servidores.
El abogado de los demandantes ha asegurado que la familia Rubiralta no tenía intención de devolver los créditos, sino simplemente enriquecerse o ahorrarse invertir patrimonio familiar directo en nuevas inversiones. En este sentido, ha criticado la “poca vergüenza” de Rubiralta, por pedir ayuda al Estado para no tener que vender la empresa mientras él se seguía enriqueciendo con una “descapitalización” muy grande en la empresa. “La familia podría haber recapitalizado las sociedades patrimoniales con patrimonio familiar propio”, ha asegurado.
En cambio, la defensa de los Rubiralta ha recordado que ningún acreedor o accionista había reclamado el pago de estos préstamos de 2010 a 2023 y ha considerado “irrelevante” que los deudores sean empresas familiares de los Rubiralta. Por ello, ha asegurado que no hay ninguna mala fe en la gestión de Rubiralta al frente de Celsa.
Cambio accionarial
Hace aproximadamente un año, la junta general de accionistas de Cels, ahora liderada por Rafel Vilaseca y Jordi Cazorla, aprobó emprender acciones de responsabilidad social contra Rubiralta, miembro de la familia fundadora y antiguo principal directivo, por “eventuales responsabilidades ocurridas en los años que ejerció como administrador”.
Los nuevos propietarios tomaron el control de la empresa después de que el juezlidara el plan de reestructuración de la siderúrgica de los acreedores y apartara a la familia Rubiralta de la dirección. El magistrado consideró que la deuda que tenía la empresa, de 3.000 millones de euros, era superior al valor de la compañía y que la propuesta de los acreedores aseguraba la viabilidad de la compañía. Entre los acreedores, estaban el banco alemán Deutsche Bank y empresas como SVP, Sculptor, Cross Ocean, Golden Street Asset y London Branch.
Una vez que los nuevos propietarios se hicieron cargo de la empresa en el otoño de 2023 iniciaron un plan industrial para reducir la deuda y se han desprendido de algunas filiales, como las del Reino Unido y los países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca) al grupo inversor checo Sev.en Global Investments. La operación se anunció en noviembre y se ratificó el 11 de abril una vez recibidas las autorizaciones correspondientes.
El juicio llega solo días después de que se descartara la entrada de Criteria en el accionariado de Celsa y no se materializara el principio de acuerdo entre las dos partes, en el marco de la intención de la siderúrgica de incorporar un inversor español para que asumiera el 20% de su capital.
Según explicó esta semana el hólding de La Caixa, el consejo de administración descartó la operación en el marco de la situación económica, de los mercados financieros y del sector, y por su encaje dentro del plan estratégico que pronto presentará la Fundación La Caixa.
