Este lunes ha arrancado en el juzgado de lo mercantil número 5 de Barcelona el juicio impulsado por la sociedad matriz del grupo Celsa, Inversiones Pico Espadas S.A., contra Francesc Rubiralta, antiguo administrador de la compañía. La actual dirección, encabezada por Rafel Vilaseca y Jordi Cazorla, le imputa responsabilidades por no haber reclamado entre 2020 y 2022 un crédito intragrupo de 504,5 millones de euros entre sociedades patrimoniales de la familia Rubiralta y sociedades operativas de Celsa. La acción se ampara en el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital, que regula la responsabilidad social de administradores por daños a la empresa.
El litigio llega en un momento clave para la siderúrgica, que pasó a manos de los acreedores después de que un juez aprobara su plan de reestructuración y separase a la familia fundadora del control. El plan fue promovido por grandes acreedores como Deutsche Bank, SVP, Sculptor, Cross Ocean, Golden Street Asset y London Branch, quienes argumentaban que la deuda de 3.000 millones superaba el valor real de la empresa. Desde entonces, los nuevos propietarios han iniciado un proceso de saneamiento que incluye la venta de filiales al grupo checo Sev.en Global Investments, operación formalizada en abril.
El juicio coincide con el reciente descarrilamiento de las negociaciones con Criteria, que había mostrado interés en adquirir un 20% del capital de Celsa. El consejo de administración descartó la entrada del holding de la Fundación la Caixa por falta de encaje con el plan estratégico en elaboración. A pesar de las tensiones judiciales y corporativas, Celsa cerró 2023 con 459 millones de beneficios, a pesar de reconocer como pérdidas parte del crédito incobrable asociado a la anterior gestión.
