Las compañías Iberdrola y Endesa han enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica para pedir la ampliación del calendario de cierre de las centrales nucleares, pactado en el año 2019. El Gobierno de España ha confirmado la recepción de la misiva, pero subraya que se trata solo de una “declaración de intenciones” que no cumple las tres “líneas rojas” para iniciar una tramitación formal: garantizar la seguridad de las personas, asegurar el suministro eléctrico y evitar un coste añadido para los consumidores.
El Ministerio ha remarcado que la propuesta no cuenta con la adhesión de Naturgy ni EDP, también firmantes del protocolo de clausura nuclear, y que sería necesaria unanimidad entre todas las partes de la comunidad de bienes que gestionan las centrales. Esta falta de consenso imposibilita, según el ejecutivo, cualquier modificación del plan de desmantelamiento acordado. Además, el Ministerio ha advertido de que las instalaciones nucleares no pueden operar más allá del marco legal vigente sin una revisión global.
Aparte del aspecto técnico y de seguridad, el Gobierno de España ve con recelo el condicionamiento normativo que incluye la propuesta empresarial, ya que implicaría reducciones fiscales y cambios legales que podrían ir en detrimento de la ciudadanía. Por este motivo, el ejecutivo mantiene que la carta no puede considerarse una petición formal e insiste en la necesidad de respetar el calendario actual de cierre progresivo de las centrales nucleares.