Porque el primer acto interno que ha celebrado ha sido impugnado por dieciséis consejos locales de este organismo. El 12 de febrero, Jordi Domingo sustituyó a Carles Puigdemont como presidente del Consell de la República Catalana. Desde entonces, este Consell ha realizado muy pocas actividades. Una de ellas fue la constitución de su Asamblea Territorial. Tuvo lugar el 31 de mayo en el Casal Católico de Sant Andreu de Palomar y asistieron a él representantes de 52 consejos locales. Dieciséis consejos locales, sin embargo, impugnaron formalmente esta sesión constitutiva.
En un comunicado conjunto, estos consejos locales denuncian que la Asamblea se convocó fuera del plazo de quince días que prevé el código interno del Consell de la República y que la convocó el nuevo gobierno de la entidad en lugar de la junta gestora, tal y como exige su reglamento. Además, lamentan que, cuatro días antes de la Asamblea, la dirección del Consell se inventara un requisito nuevo para participar que exigía una carta firmada por tres miembros de la junta rectora para verificar la validez de los delegados territoriales.
Los consejos locales que han impugnado la Asamblea, entre los que se encuentran los del barrio de Gràcia, en Barcelona, el Segrià, el Baix Camp y el Tarragonès, piden que se repita la reunión de su constitución. La dirección del Consell de la República no está por la labor.
Entre las funciones de la Asamblea Territorial del Consell de la República está «deliberar y hacer propuestas sobre la estrategia política del Consell; impulsar la acción política de los Consejos Locales y Territoriales; fomentar la creación y consolidación de estos órganos; fortalecer el crecimiento social y político del independentismo; impulsar la acción del Gobierno; e identificar y generar recursos para hacer efectivo el mandato del 1 de octubre. También le corresponde ratificar a los miembros de la Sindicatura Electoral y de la Sindicatura del Registrado y de Ética, recibir el Plan de Gobierno, debatir cuestiones de confianza y participar en el seguimiento y control financiero del Consell mediante una comisión mixta con el Gobierno».
